Madrid, 28 feb.- La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Grabiela Bravo, ha considerado necesario que, pese a la crisis, aumente la inversión en Justicia y que se acometa un cambio de modelo "arcaico", porque "inyectar recursos" en un sistema "tan ineficaz como el vigente es derrochar" en momentos de recesión.
Así lo ha dicho hoy la portavoz del Consejo durante una conferencia organizada por el "Foro Aragonex", en la que ha presentado un panorama "preocupante" de los tribunales, para los que la crisis económica ha supuesto una "carga de trabajo brutal".
Bravo ha señalado que la relación entre justicia y crecimiento económico tras el estallido de la crisis es de "mutua dependencia" y que "sólo habrá justicia" si se consigue que, "pese a la recesión, aumenten los recursos económicos" para los tribunales.
Tras recordar la advertencia que hace un mes hacía el responsable de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Matel, que advirtió por carta al presidente Mariano Rajoy del riesgo de que numerosas multinacionales busquen otros países para invertir, Bravo ha resaltado que más de cuatro millones de empresas nacionales piden un día tras otro la mejora sustancial del sistema judicial.
Ante esa situación, ha calificado de "inaplazable" la reforma de la Justicia en un escenario en el que -ha recordado- en el primer trimestre de 2011 los desahucios alcanzaron su máximo histórico (15.491), un 36,3 por ciento más que el año anterior, y sólo en esta primera década del siglo XXI la litigiosidad ha crecido un 33 por ciento.
Bravo -a quien escuchaban en el acto el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, el expresidente del Congreso José Bono, el diputado socialista y fiscal Antonio Camacho y el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, entre otros- considera que la solución al atasco judicial no está solo en suplir la falta de medios, sino también en cambiar el modelo para acabar con la "parsimonia" de la maquinaria judicial.
Así, ha reclamado un "rediseño" de la planta judicial que responda mejor a la realidad socio-demográfica de hoy y permita rentabilizar los recursos materiales y humanos.
También ha pedido un impulso a las reformas legislativas destinadas a agilizar el trabajo de los tribunales, entre las que ha citado la necesidad de aprobar la nueva regulación del proceso penal con el fin de eliminar burocracia, consolidar un modelo de "verdadera Policía Judicial" y acometer una profunda reflexión sobre la capacidad de actuación del Ministerio Fiscal.
Otras reformas que, en su opinión, deben abordarse, deben ir destinadas a reducir la litigiosidad y suprimir trámites innecesarios, como la mediación, el arbitraje y la conciliación como alternativas ante procedimientos que puedan solucionarse sin la intervención del juez.
"No defiendo la desjudicialización sin más, ni mucho menos la privatización de la Justicia o la imposición de tasas disuasorias", ha asegurado, aunque se ha mostrado partidaria de nuevas fórmulas de solución de conflictos.
Para todo ello, Bravo deja sobre la mesa la oferta de leal colaboración del CGPJ al Ejecutivo y al Legislativo.
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