Madrid, 26 nov.- El actual Consejo General del Poder Judicial ha cerrado hoy sus cinco años de mandato con un resumen de sus trabajos de carácter técnico, balance al que siete vocales han añadido una autocrítica política y opuesta a las reformas sobre la justicia promovidas por el Gobierno.
Los veinte vocales más el presidente, que integran el órgano de gobierno de los jueces, han celebrado hoy su último pleno antes de que la institución sea renovada tras el acuerdo alcanzado en ese sentido por los grupos parlamentarios.
En ese pleno han aprobado un balance (con 20 de los miembros del CGPJ a favor y con una sola abstención, la de la vocal Margarita Robles) que se centra en resumir en más de 30 páginas las actuaciones del órgano de gobierno de los jueces desde un punto de vista más bien técnico y sin entrar en demasiadas valoraciones.
El balance señala en su introducción que "en estos años, desde un órgano plural y complejo como es el Consejo General del Poder Judicial, se han ejercido sus competencias en la medida en que la ley establece, y tratando en las ocasiones posibles realizar la búsqueda de consenso, motivación que debe presidir en todo momento la actuación de un órgano constitucional como éste".
"La defensa de la independencia judicial es el fundamento político del Consejo General del Poder Judicial. La resolución y gestión de las cuestiones estatutarias atinentes a la carrera judicial es -por así decirlo- el núcleo de su realización práctica. Los desaciertos que hayan podido producirse podrán ser corregidos en el futuro", añade.
Por su lado, la citada vocal ha sometido al criterio del pleno de hoy un texto alternativo y crítico, texto que han apoyado seis miembros más del órgano de gobierno de los jueces, sin que ese apoyo suponga oponerse al balance técnico.
En el texto crítico los vocales lamentan que el órgano de gobierno de los jueces no haya defendido bien la independencia de los magistrados.
Este texto apunta también que el CGPJ no ha hecho valer, durante estos años de mandato, su oposición a las reformas promovidas por el gobierno, entre ellas la que afecta al propio CGPJ (y que limita la capacidad de este órgano para defender la independencia judicial), junto a las tasas o la eliminación de jueces sustitutos.
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