El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha suspendido su Pleno previsto para este jueves a causa de la muerte de una sus vocales. Victoria Cinto Lapuenta, propuesta por el PSOE, ha fallecido esta mañana en San Sebastián a los 63 años. Por este motivo, la reunión en la que, además de cuestiones organizativas de la carrera judicial, se iba a debatir la propuesta de nueve vocales del bloque conservador para reclamar al Congreso de los Diputados que le escuche antes de tramitar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con la que se abriría la puerta a renovar el Tribunal Constitucional, se ha aplazado aún sin fecha por determinar, según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Victoria Cinto, nacida en Tarazona (Zaragoza), ingresó en la carrera judicial en 1987, ejerciendo en los Juzgados de San Sebastián, de los que fue decana, y en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que presidió entre 1999 y 2010. Asimismo, también ocupó el cargo de viceconsejera de Justicia del Gobierno vasco entre octubre de 2010 y diciembre de 2012. Un año después fue elegida como vocal del Consejo General del Poder Judicial por el turno judicial, durante el mandato de cinco años, que se mantiene en funciones desde diciembre de 2018.
Tras tener conocimiento del fallecimiento de la jurista, el Pleno ha manifestado públicamente su "inmenso dolor ante esta irreparable pérdida" y su "reconocimiento a la labor desarrollada" en el Consejo, como integrante del Pleno y de la Comisión Disciplinaria, "caracterizada por su competencia profesional, su espíritu de conciliación y la permanente búsqueda de consensos". En una declaración de pésame, el presidente del Consejo y los vocales han destacado "la integridad profesional y la profunda humanidad que desplegaba Victoria". "Su recuerdo permanecerá siempre enmarcado en nuestra admiración, respeto y en un profundo afecto", concluyen.
La trágica noticia ha tenido lugar el mismo día que la institución que preside Carlos Lesmes tenía previsto debatir un punto que marcará la postura del CGPJ frente a la última maniobra del Gobierno para poder renovar el Tribunal Constitucional (TC), la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la misma que en marzo de 2021 fue modificada para limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces para impedir que siga haciendo nombramientos mientras su mandato haya expirado. Ahora, a través de una proposición de ley impulsada por el PSOE, se pretende suavizar dicha restricción para que los vocales del CGPJ y Ejecutivo puedan designar de manera conjunta los cuatro magistrados del órgano máximo intérprete de la Constitución que toca renovar, y garantizar así la mayoría progresista.
Contra la tramitación de este cambio legal, nueve vocales del bloque conservador del CGPJ -ocho propuestos por el PSOE y uno por CiU- presentaron este lunes ante el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, un escrito en el que se propone pedir al Congreso de los Diputados que requiera su informe antes de tramitar dicha reforma. Ello obligó al máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces a incluir en el orden del día de la reunión prevista para este jueves dicho texto para someterlo a debate y votación de todos los miembros del Consejo. Un Pleno que no se encuentra al completo, ya que el vocal Rafael Fernández Valverde (propuesto por el PP) está jubilado; y Cinto se encontraba de baja médica desde hacía un tiempo.
Jurisprudencia del TJUE
El escrito presentado por nueve vocales sostiene que el artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fija que el Gobierno solo tiene obligación de someter a examen del CGPJ determinados anteproyectos de ley, mientras que se deja abierta la posibilidad en el caso de las proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios.
En esta línea, subrayan que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) impone que cuando una proposición de ley se refiera a los "aspectos nucleares" del estatuto de los miembros del Poder Judicial o que afecten a las funciones de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, "debe tramitarse oyendo a todos los sectores implicados, lo que incluye al propio CGPJ". Y es en este último argumento en el que se basan los vocales conservadores para exigir que las Cortes les tengan en cuenta. Asimismo, el escrito también plantea dirigirse a la Comisión Europea para "informar sobre la referida proposición de ley".
Aunque los consejeros conservadores solo necesitan tener un apoyo más para que su propuesta salga adelante, fuentes del órgano de gobierno de los jueces apuntan que en las últimas horas se ha trabajado para tratar de conseguir un texto consensuado. Según indican las mismas fuentes, lo que se pretende es que el texto finalmente aprobado reivindique la necesidad de que el órgano de gobierno de los jueces recupere todas sus competencias para volver a hacer los nombramientos en la cúpula judicial, que acumula ya más de 60 vacantes. En este sentido, destacan que el punto que más controversia puede generar sería el relativo a la comunicación con Europa.
Antecedente reciente
Cabe recordar que a finales de 2020, cuando PSOE y Unidas Podemos presentaron su proposición de ley para limitar las funciones del CGPJ, este órgano también debatió requerir al Congreso que recabara su informe antes de hacer nada. Una discusión que finalmente salió adelante con 16 votos a favor y cinco en contra, pero que la Cámara Baja no atendió. En dicho momento, también se expuso la necesidad de acudir a las instituciones europeas, en concreto a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, pero finalmente no tuvo éxito.
Los cinco vocales discrepantes, pertenecientes al ala progresista del CGPJ, firmaron un voto particular, en el que se acusó a sus compañeros y al presidente Carlos Lesmes -quien apoyó instar al Congreso que recabe el informe del CGPJ en las reformas que afecten a su competencia- de "no respetar la separación de poderes". Por este antecedente, y sumado a que el órgano se encuentra bloqueado, los consejeros buscan un texto en el que ambos sectores se sientan identificados, según señalan las fuentes consultadas.
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