El chófer de Guerrero protesta por el retraso en tramitar su libertad

Sevilla, 11 may.- Juan Francisco Trujillo, encarcelado por los ERE falsos y chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, ha presentado una queja por la "dilación indebida" de más de un mes en tramitar su recurso contra la prisión incondicional decretada por la juez Mercedes Alaya.

El abogado del acusado, Antonio Aguilar, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, dice que el pasado 27 de marzo interpuso un recurso contra el ingreso en prisión, y ha transcurrido más de un mes sin que sea tramitado "con la urgencia que determina la ley".

Trujillo ingresó en prisión comunicada y sin fianza el 22 de marzo, imputado por un total de 22 delitos, entre ellos haber percibido 1,3 millones de euros de la Junta para sus empresas ficticias y haber conseguido otros 122.649 euros para su madre.

Se convirtió así en el segundo encarcelado por los ERE falsos, después de su jefe, el ex director general de Trabajo, en una medida luego aplicada al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Ahora, su abogado reconoce la carga de trabajo que pesa sobre la juez Mercedes Alaya, pero "respetuosamente" entiende que ha transcurrido más de un mes sin que se tramite su recurso, lo que significa una "dilación indebida" frente a los plazos que marca la ley.

En su recurso, presentado directamente ante la Audiencia, afirma que han prescrito "la mayoría, si no todos" los delitos imputados a su cliente y dicha prescripción es "notoria" en el principal de ellos, la obtención de subvenciones falseando las condiciones.

También niega el riesgo de fuga, pues Trujillo compareció "de manera voluntaria y sin solicitar asistencia letrada" todas las veces que fue requerido por la Policía, y "ha sido consciente del alcance" de los delitos que pesan sobre él desde 2011, cuando hizo varias declaraciones por el delito fiscal que se le imputó en Andújar (Jaén) al no tributar las ayudas percibidas.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la libertad de Trujillo porque persiste el riesgo de fuga y aún debe llevarse a cabo la investigación patrimonial sobre sus bienes y actividad de sus empresas.

Trujillo declaró a la juez que llegó a gastarse 25.000 euros mensuales de las ayudas oficiales en cocaína para él mismo y su jefe, ya que ambos consumían entre 5 y 10 gramos diarios.