Al Consejo de Estado, el órgano consultivo del Gobierno, le va a caer en el regazo una patata caliente en forma de borrador de decreto. El organismo que preside el exministro José Manuel Romay Beccaría tiene que analizar la norma diseñada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para controlar el cierre de centrales no rentables por parte de las compañías eléctricas y decidir si tal intervención en el mercado es posible con un simple decreto o precisa de una norma de rango superior, algo para lo que el Gobierno carece de apoyos parlamentarios suficientes.
El dictamen del Consejo de Estado no es vinculante, pero sí tiene la condición de "determinante" a la hora de que el Gobierno adopte una decisión. La cuestión del rango legal necesario para intervenir en un mercado teóricamente liberalizado se ha debatido también en el seno de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El organismo, según fuentes del mismo, tiene previsto aprobar su informe sobre el decreto de cierre de centrales esta semana. Energía lanzó la consulta pública sobre la norma en julio pasado.
La cuestión de si decreto o ley no es menor. Hay un precedente muy cercano sobre las consecuencias de buscar atajos desde el poder legislativo para cerrar asuntos polémicos. El 22 de diciembre, el Tribunal Constitucional tumbó parte del decreto elaborado por vía de urgencia para cerrar el almacén de gas Castor e indemnizar a ACS y a la canadiense CLP con 1.350 millones. La decisión del Constitucional ha llevado la incertidumbre a los bancos que facilitaron los pagos -Caixabank, Santander y Bankia-, a Enagás, la empresa encargada de gestionar el cierre y a la propia CNMC, que tiene que liquidar los ingresos y gastos del sistema gasista.
Una posición incómoda
En el caso de que el Consejo de Estado "aconseje" una norma de rango superior para intervenir en el mercado de la generación de electricidad, el Gobierno se colocaría en una posición incómoda. No tiene apoyos. Los partidos, desde Unidos Podemos al PSOE, pasando por Ciudadanos, han dejado solo al Ejecutivo en su defensa del carbón y la probable extensión de la vida útil de las nucleares.
En noviembre, los tres partidos mencionados impulsaron una moción -aprobada por mayoría- en la que instaban al Gobierno a retirar ayudas a las centrales más contaminantes. Las empresas eléctricas, así como las organizaciones ecologistas y medioambientales también se oponen a los planes de Nadal para intervenir en el mercado y controlar el cierre de instalaciones.
Comunidades y sindicatos
Nadal cuenta, eso sí, con el apoyo de la comunidades mineras y con el apoyo de los sindicatos. Pero no es suficiente. Es evidente que el mismo ministro Nadal hizo un llamamiento para que las organizaciones sindicales presionen a los partidos para que apoyen los cambios legislativos que propone su departamento.
La relativa soledad del Gobierno en sus planes energéticos ha sido más evidente esta semana tras la decisión del Parlamento Europeo de solicitar la Comisión Europea que recoja en una futura directiva la obligación de los Estados de elevar al 35% la cuota de renovables en 2030. El Parlamento Europeo aprobó la medida por abrumadora mayoría (70% de la cámara). La propuesta eleva en ocho puntos los objetivos marcados por el Consejo Europeo (27% de renovables) y cuestiona la estrategia de países como España que quieren mantener lo más posible el mix de generación con carbón y gas.
La eurocámara no sólo aprieta en los porcentajes. Su propuesta de directiva recoge de forma clara que los consumidores tienen derecho a usar la electricidad que ellos mismos producen y almacenan "sin tener que pagar ningún cargo, tarifa o impuesto". Es una corrección rotunda a las medidas que aplica el Gobierno de España y que obtuvo el apoyo del Tribunal Supremo en una sentencia del 13 de octubre pasado.
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