El comité de 14 expertos convocado hace seis meses por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, para elaborar propuestas que sirvan de base a la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha acabado sus trabajos. El documento final será presentado a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa y ha sido aprobado por 11 votos a favor y tres en contra, según fuentes del comité. La parte más densa del documento de 500 páginas es la referida a la necesidad de acometer una profunda reforma de la fiscalidad de la energía. Entre las medidas que se proponen figura aumentar la fiscalidad de los carburantes y especialmente la del gasóleo, según el principio de que pague más lo que más contamina.
El apartado de fiscalidad ha sido aprobado prácticamente por unanimidad, por 13 votos a favor y sólo una abstención. Las recomendaciones para aplicar nuevos impuestos a los carburantes están en línea con las intenciones adelantadas por el Gobierno, con las recomendaciones de Bruselas y con las quejas de las empresas eléctricas.
El principio aplicado por los sabios convocados por Nadal es el de "internalizar los costes ambientales, cambiando la fiscalidad actual por una fiscalidad basada en las emisiones que afectará a todos los consumos". En el sector eléctrico -de ahí las quejas de las empresas del sector- ya se aplican impuestos teóricamente relacionados con la cuestión medioambiental como el impuesto especial a la electricidad y el de producción (2.700 millones al año). La onda llega ahora a los hidrocarburos.
Las quejas de las petroleras
Las petroleras también se quejan. Consideran que soportan un exceso de impuestos (IVA e impuesto especial de hidrocarburos, que aporta 10.130 millones al año). Destacan que el 52% del precio de la gasolina y el 49% del gasóleo son impuestos. Pero Bruselas las ha apuntado con el dedo. Lo ha hecho en las críticas que ha dirigido a la política de impuestos del Gobierno. En general, la Comisión Europea critica a España por la baja fiscalidad sobre los impuestos medioambientales y, en especial, sobre el diésel.
La recaudación por los llamados "impuestos verdes" -20.640 millones de recaudación-representa menos del 2% del PIB, según datos de 2016, frente a la media del 2,4% de la UE. La Comisión destaca en sus informes"el caso del diésel, en el que España aplica el impuesto especial mínimo, a pesar de que el diésel tiene un mayor contenido de carbono y energía que la gasolina sin plomo".
La discreta carga fiscal sobre el diésel ha contribuido a la "dieselización" del parque español de automóviles. Casi el 60% de los vehículos que circulan por las carreteras españolas usan gasóleo, aunque la tendencia ha cambiado en los últimos años.
Nuevos tributos
En los últimos años, España ha aprobado nuevos tributos verdes como los que gravan la producción y almacenamiento de combustible y residuos nucleares, el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica o el impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, entre otros. Pero no es suficiente.
Hacienda se ha resistido a apretar en la fiscalidad de los carburantes y sólo hace poco tiempo ha empezado a virar el timón. En la negociación -varada- sobre la reforma de la financiación con las Comunidades Autónomas, Hacienda sí ha lanzado el mensaje de que está dispuesto a abordar la reforma de impuestos medioambientales, con más cargas sobre el diésel y sobre los vehículos más contaminantes.
El simple anuncio de la intención de Hacienda ha provocado la reacción de los transportistas . Fenadismer, que agrupa a 32.000 de las 166.000 empresas dedicadas al transporte por carretera sostiene que, de aprobarse la subida de impuestos, afectaría negativamente a la recuperación de la economía española y, muy especialmente, a las exportaciones a los mercados europeos.
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