El congreso aprueba la ley de transparencia con una reforma sobre la prevención de la financiación del terrorismo

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que incluye, vía disposición final, una amplia reforma de la norma relativa a la preven¬ción del blanqueo de capitales y de la finan¬ciación del terrorismo.
El Congreso aprobó las enmiendas remitidas por el Senado a la Ley de Transparencia. La que más críticas ha cosechado es la que incluye una disposición final sexta y por la que se modifica la Ley de Preven¬ción del Blanqueo de Capitales y de la Finan¬ciación del Terrorismo. Fue aprobada por 186 votos a favor (PP y UPyD), 133 en contra (PSOE, IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, PNV y Grupo Mixto) y 2 abstenciones.
La Ley de Transparencia aprobada hoy en el Congreso de los Diputados entrará en vigor de manera escalonada, “atendiendo a las especiales circunstancias que conllevará la aplicación de sus diversas disposiciones”.
Además, “los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión”.
Otra de las novedades que incluye el texto final de la ley establece que las infracciones graves puedan llevar aparejada “la no percepción, en el caso de que la lle¬vara aparejada, de la correspondiente indemni¬zación para el caso de cese en el cargo”.
Según consta en el texto aprobado hoy en la Cámara Baja, son infracciones graves, entre otras, el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, la intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas y la emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave.
CONSEJO DE TRANSPARENCIA
Además, habrá un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que, entre otras cosas, velará por el cumplimiento de la propia Ley, iniciando las actuaciones necesarias para tal fin y los procedimientos sancionadores cuando corresponda.
Entre otras funciones de dicho órgano estará promover “la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas” en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Asimismo, la Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, depen¬diente del Ministerio de la Presidencia, que “facili¬tará” el acceso de los ciudadanos a toda la informa¬ción que pidan, dentro de lo establecido en la norma aprobada hoy en el Congreso.
La ley afectará también a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales, así como a la Casa Real, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, al Banco de España, al Consejo de Estado, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social “y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo”.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno también será de obligado cumplimiento para las entidades privadas que durante el periodo de un año perciban del erario público más de 100.000 euros, bien en concepto de ayudas o de subvenciones, o cuando “al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o sub-vención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”.
Al finalizar el debate las enmiendas del Senado a la Ley de Transparencia, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió la palabra para agradecer a todos los grupos parlamentario su “esfuerzo” en la tramitación de la Ley de Transparencia, que hoy culmina su proceso parlamentario.
“Lo importante es que en este Pleno del Congreso de los Diputados se discuta de temas que afectan a la democracia y que afectan a la soberanía de todos ciudadanos, como es el derecho a tener una administración y unas instituciones transparentes y que todos juntos trabajemos para que así lo sean”, dijo.
DEBATE PARLAMENTARIO
Durante el debate parlamentario de las enmiendas del Senado, el PP justificó que el texto aprobado incluya una reforma de la Ley Preven¬ción del Blanqueo de Capitales y de la Finan-ciación del terrorismo, porque en España “ha habido concejales de ayuntamientos condenados por terrorismo que tenían acceso a financiación pública”.
“¿Les molestan normas de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo? ¿Les parece mal que España cumpla con sus obligaciones internacionales? ¡Claro que puede haber conexión entre el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y los responsables políticos!”, exclamó.
Por su parte, el diputado del PSOE José Enrique Serrano criticó que la “larguísima” modificación de la Ley de Blanqueo de Capitales “no debería figurar” en la norma que se aprueba hoy en el Congreso de los Diputados, “por más que la motivación de la enmienda se hacen denodados esfuerzos para justificar su vinculación con la transparencia”.
No obstante, señaló que la publicación en el BOE de la Ley de Transparencia “será mejor, mucho mejor, que si no hubiese” dicha norma. “Será mejor, mucho mejor, que el texto que en septiembre de 2012 el Gobierno remitió a la Cámara. Y será mejor, mucho mejor que el texto que el Gobierno socialista, en julio de 2011, aprobó en sus últimos momentos de actividad normativa”, añadió.
CiU también criticó que se haya reformado la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo mediante una enmienda del Senado a la norma sobre Transparencia.
“¡Qué mala noticia! Una ley que hemos trabajado con profundidad, desde una voluntad de consenso, una ley que es innovadora, como la Ley de Transparencia, venir, y en el trámite del Senado, introducirle una modificación de calado” como la citada, dijo.
Por su parte, el diputado de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural Joan Josep Nuet criticó que, en el ámbito de actuación, la Ley de Transparencia distinga entre Administraciones Públicas y Altas Instituciones del Estado.
LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO
“Es como las clases sociales. Los de arriba y los abajo, las administraciones públicas y las altas instituciones del Estado, empezando por la monarquía pero incluyendo también a este Congreso de los Diputados”, señaló Nuet, para quien “la Casa Real se merece transparencia Real”.
Nuet se refería así a la parte de la ley que define qué se entiende por Administraciones Públicas. La nueva norma establece también que las disposiciones de la ley se aplicarán, entre otros, a la Casa de su Majestad el Rey, el Con¬greso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judi¬cial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las insti¬tuciones autonómicas análogas, “en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo”.
Por su parte, Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) criticó que el Senado “ha empeorado” la Ley de Transparencia y criticó que no se basa en que el derecho al acceso a la información es básico; establece muchas limitaciones y restricciones para acceder a determinados papeles de la administración; y contiene el silencio como respuesta.
“Con esta ley, ustedes se reservan la discrecionalidad de contestar lo que les da la gana, no sólo a los contribuyentes, sino a los diputados”, de modo que “no va a servir”, por ejemplo, “para conocer los tejemanejes” en la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por su parte, Emilio Olabarría (PNV) hizo una referencia al libro “Rebelión en la granja”, de George Orwell, en la que “sólo había un animal honesto, sólo uno trabajador y noble, el caballo”. “Los demás eran acomodaticios, narcotizados, tramposos [...] Yo cada vez veo menos caballos en el ámbito de la política”, lamentó.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto intervinieron Rafael Larreina (Amaiur), Alfred Bosch (ERC) y Joan Baldoví (Compromís Equo). El diputado de la coalición vasca admitió que la ley que se vota hoy es “sustancialmente diferente” a la que entró en la Cámara pero criticó que el PP ha “agotado” el debate sobre la misma “refugiado” en su mayoría absoluta “y con el freno de mano echado”.
Alfred Bosch (ERC) señaló que “no es la mejor y sí que es mejorable”. A su juicio, es necesario “sancionar más y ejemplarmente el fraude o la mentira política”.
VER PARA CREER
Por su parte, Joan Baldoví (Compromís Equo), echó mano de la Biblia: “Decía Santo Tomás: Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:24”.
“Si no veo que el presidente Rajoy y la señora Cospedal admiten que sabían que a Bárcenas no le llegaba el dinero por gracia del Espíritu Santo y que durante años han mantenido una contabilidad B, como lo atestigua el juez Ruz, no creeré ni esta ley ni en su voluntad de ser transparente”, agregó Baldoví, quien apostilló: “Lo siento señorías del PP, no soy un bienaventurado que creyó sin ver”.