El congreso aprueba ley de altos cargos y de financiación de partidos

El Pleno del Congreso de los Diputados dio este jueves el visto bueno definitivo a la Ley de control de la actividad económico-financiera sobre financiación de los partidos políticos y a la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
Estas dos normas, incluidas en el paquete de regeneración democrática, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, defendió en la Cámara Baja el pasado 27 de noviembre, se debatieron conjuntamente y recibieron el apoyo de populares, de CiU y de PNV y el voto en contra de los diputados socialistas y de La Izquierda Plural, entre otros.
El Congreso aprueba estas normas, que hoy no fueron defendidas por ningún ministro, en la semana en que el juez Pablo Ruz ha considerado probado que el PP tuvo una 'caja B' durante casi dos décadas. Además, la jueza Mercedes Alaya ha ordenado nuevas detenciones por el 'caso de los ERE' en Andalucía del dinero.
La reforma sobre la financiación de los partidos fue aprobada en el Senado el pasado 13 de marzo con el apoyo del PP, CiU y PNV y la abstención del PSOE, IU y la Entesa. Una de las enmiendas introducidas en la Cámara Alta permitirá a los partidos saber antes de los comicios electorales su límite de gasto.
En total se presentaron dos vetos y 141 enmiendas en comisión a la ley que prohibirá las donaciones de empresas y las donaciones anónimas y fijará en 50.000 euros, frente a los 100.000 actuales, la donación máxima de las personas físicas.
A su vez, la ley orgánica del ejercicio del alto cargo, que se enfrentó a cuatro vetos y 92 enmiendas en la Cámara Alta, salió de esta institución parlamentaria después de incluir cinco enmiendas del Grupo Popular y tras recibir el apoyo de Grupo Mixto (CC, FORO y UPN) y votaron en contra el PSOE, IU y la Entesa (PSC e ICV).
El texto fija dos años de plazo para que los exmiembros del Gobierno puedan incorporarse a los consejos de administración de las empresas y compromete la elaboración de informes sobre la situación patrimonial de los altos cargos en un plazo de tres meses desde su cese, con el fin de detectar indicios de enriquecimiento injustificado.
FAENA DE ALIÑO
El socialista Antonio Pradas se encargó de argumentar el rechazo del PSOE a estas dos leyes. Aseguró que es “muy difícil hablar de regeneración democrática” cuando el partido que sustenta el Gobierno (PP) está siendo “acusado” por un juez de ser “partícipe a título lucrativo de financiación ilegal y de haber llevado durante 18 años una contabilidad B”.
Además, denunció que este debate se produce cuando uno de los organismos que deben velar por esta conducta, como la Agencia Tributaria, está “entorpeciendo” a la Justicia en un caso de investigación de un partido, en alusión a la polémica por los documentos remitidos en el 'caso Bárcenas'.
“Es imposible”, dijo Pradas, apoyar estas normas, que no son más que una “faena de aliño” ante las demandas de regeneración de la sociedad. Pradas indicó que querían aprovechar estas dos leyes y la propia reforma del Código Penal para enviar mensajes “de acuerdo” de las fuerzas políticas con la sociedad “indignada” por los casos de corrupción y de “no malograr oportunidad de oro para lanzar mensaje y cambiar imagen”.
Porque, reconoció, los casos de corrupción “nos afectan a todos”, pero el grupo que apoya el Gobierno es el que “tiene mayor responsabilidad” para combatir esta percepción ciudadana. Y no es momento de posponer, sino de “actuar de forma decidida” y aunque las leyes “mejoran” el reglamento actual, “no son suficiente”, dijo Pradas.
En esta línea de crítica de falta de ambición por parte de los populares, Pradas les trasladó que como “comprobaron en sangre propia el pasado domingo, a la ciudadanía no se le engaña con cosmética legislativa”, aludiendo a la derrota electoral del PP en las elecciones andaluzas.
Por su parte, la diputada de CiU Montserrat Surroca señaló que “la reforma no es suficiente”, pero “avanzamos en la dirección adecuada”, a la vez que reclamó más transparencia por parte de los partidos políticos. Esa su juicio un “avance importante”, por lo que su grupo parlamentario decidió apoyarlo.
Pese al respaldo, reclamó la “gran asignatura pendiente” de los partidos para tener una “adecuada financiación” y por eso afirmó que tienen que “abrir un debate serio, riguroso y alejado de momentos electorales, en el que todos los grupos” hablen “de forma pausada”, porque este proyecto “no lo resuelve”.
El diputado de La Izquierda Plural Joan Josep Nuet opinó que es un “maquillaje” ante los debates de la transparencia y la corrupción y con eso, dijo, van a hacer en el PP “su campaña electoral”, transmitiendo el mensaje de que “el PP es el que más ha hecho para combatir la corrupción y por la transparencia”.
MAQUILLAJE
Pero a su juicio, la realidad es otra, porque al PP le “estalló en sus narices” durante el trámite de la ley transparencia el ‘caso Bárcenas’ y ahora el auto del juez Pablo Ruz en el que confirma “financiación irregular” del PP durante el debate parlamentario de estas dos normas.
No apoyó la norma de financiación política, entre otros aspecto, porque falta transparencia, clarificación en el análisis de investigación por corrupción, de más democracia en la confección de las listas electorales, y la no regulación de lobbies. “Los negocios", dijo, "se hacen también en el Consejo de Ministros”, y esta ley “no lo impide”, por lo que hay “mucho maquillaje” pero pocas medidas anticorrupción.
Aitor Esteban, del PNV, expresó que su grupo parlamentario votará sí, pero será un respaldo “no fanático”. A su juicio, “la ley tiene una serie de avances y es mejor que entren en el ordenamiento jurídico”.
Esteban también planteó las dudas sobre que con esta ley se legisle que hay que tener más de 18 años –mayoría de edad legal- para afiliarse a un partido político.
El diputado Rafael Larreina (Amaiur) afirmó que estas medidas no son más que “operaciones de marketing político”, por la “falta de reacción” de los políticos ante el “problema endémico de la corrupción”, y la parlamentaria del BNG Olaia Fernández destacó que esta norma se aprueba después de “tanto escándalo político” como el 'caso Bárcenas', la 'Gürtel' o la 'operación Púnica'.
Por su parte, Carlos Salvador (UPN) mostró su “relativa satisfacción” por la aprobación de esta medida y de otras para combatir la corrupción, mientras que el portavoz popular, José Antonio Bermúdez de Castro, afirmó que este “es el plan más amplio, ambicioso y completo que nunca antes esta cámara había debatido en respuesta a la desafección ciudadana” y contra la corrupción.
Regula la llamada puerta giratoria pero “huyendo de criterios populistas que terminarían conduciendo a la muerte civil de quienes hayan ostentado un puerto de responsabilidad en el gobierno”. Reconoció que las “limitaciones” en la vuelta a la actividad privada del alto cargo “deben existir”, pero “esa incompatibilidad debe quedar circunscrita a los dos años posteriores a su cese”. “Rigor y proporcionalidad”, afirmó.
La corrupción, indicó, “quiebra el principio de confianza, la base de la democracia participativa”, por lo que abogó por una “lucha sin cuartel” contra ella y por iniciar una “etapa de intransigencia” con los casos que minan y tanto daño hacen contra la confianza.
“Se corrompen las personas, no las siglas”, y “si creemos en el Estado de Derecho, no extendamos nunca la responsabilidad más allá de quien la tiene; del daño responden los culpables y no los inocentes”, concluyó el dirigente popular tras reprochar al diputado socialista que haya lanzado “juicios y sentencias condenatorias”.