El congreso autoriza actividades extraparlamentarias a más de cien diputados

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este miércoles con 276 votos a favor, 1 en contra y 37 abstenciones, el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado que declara la compatibilidad de actividades extraparlamentarias a más de cien de sus señorías, la mayoría abogados, docentes, tertulianos, o con otros cargos de representación local.
El dictamen ya fue aprobado por la comisión y una vez aprobado por el pleno será publicado en la web del Congreso de los Diputados en aplicación de las medidas de transparencia adoptadas por la Cámara.
El texto, al que tuvo acceso Servimedia, deja fuera a Iñaki Antigüedad, que ya anunció su renuncia al escaño obtenido con Amaiur una vez que no se concedió la compatibilidad con su actividad docente como catedrático de Hidrología en la Universidad del País Vasco.
También limita la actividad como actor de Toni Cantó, diputado de UPyD, que no podrá recibir remuneración del sector público ni incurrir en las incompatibilidades expresamente recogidas en la Loreg, ni menoscabar su dedicación absoluta al escaño. En esos mismos términos se le autoriza a seguir como director administrador de la sociedad Mariatonianos S.L.
El dictamen recoge la compatibilidad de la retribución como diputados y la indemnización como exministros de José Blanco o Ramón Jáuregui, y la diputada Pilar Grande (PSOE) podrá seguir siendo directora médico de una “empresa privada de servicios médicos con aseguradoras y de carácter privado a tiempo parcial”.
Sabino Cuadra (Amaiur) y María Piedra Jiménez (PP) han dejado de percibir las pensiones de jubilación para acceder al acta, Dolores Bolarín (PP) la de viudedad y Antonio Pérez la prestación por desempleo.
Se declaran compatibles las actividades como abogados de varios diputados, entre ellos los del PP Federico Trillo, Ignacio Astarloa, Miguel Ángel Cortés, Rafael Hernando, Agustín Conde, Juan Carlos Vera, o Leopoldo Barreda; el del PSOE Julio Villarrubia; o Mercè Pigem, de CiU.
En algunos casos, además de ejercer la abogacía, los diputados son autorizados a seguir como administradores únicos de compañías mercantiles o asesorías jurídicas.
Otros son autorizados para ejercer actividades docentes a tiempo parcial o participar de forma esporádica en cursos, seminarios o conferencias en algunos casos sin retribución.
Es el caso de Pere Macías y Carles Campuzano(CiU); Rosa Díez y Carlos Martínez Gorriarán (UPyD); José Eugenio Azpiroz, Juan Carlos Aparicio, Carlos Aragonés o Eugenio Nasarre (PP), o los ministros Fátima Báñez, Cristóbal Montoro o Ana Mato. También los socialistas Francisco Caamaño, Consuelo Rumí, Ángeles Álvarez, Eduardo Madina; o Emilio Olabarría y Aitor Esteban, del PNV.
Entre los diputados hay muchos con otros cargos de representación local, como Uxue Barkos (GeroaBai), Joan Baldoví (Compromís), José Luis Centella (Izquierda Unida), Teófila Martínez (PP) o Carmela Silva (PSOE).
Uno de ellos, José Ignacio Landaluce (PP), tiene además autorización para ejercer la medicina y seguir como gerente de “centros médicos sin conciertos oficiales”.
También Mario Mingo (PP) es autorizacio para ejercer la medicina, y su compañero de partido Vicente Martínez Pujalte podrá seguir ejerciendo como economista y administrador único de Sirga XXI Consultores S.L. Arsenio Pacheco, también del PP, podrá seguir con su oficina de Farmacia.
El diputado del PP Francisco Vañó (PP) podrá seguir cobrando su pensión de gran invalidez, y Mikel Errekondo (Amaiur) la que percibe de Ibermutuamur por incapacidad permanente total por accidente de trabajo.
El dictamen desgrana las previsiones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) y los criterios fijados en anteriores dictamenes en función de los cuales se declara compatible o se autoriza con limitaciones una determinada actividad.
En general, se permite la representación en el ámbito local siempre que no menoscabe la dedicación absoluta como parlamentario, de forma que sólo se pueden percibir dietas por asistencia a reuniones y no retribuciones regulares de ningún tipo. Son incompatibles otras funciones públicas, por lo que los funcionarios deben estar en situación de servicios especiales para acceder al acta de diputado, y sólo pueden percibir trienios.
Se permiten actividades docentes o de investigación a tiempo parcial y de carácter extraordinario, la pertenencia a consejos de cajas siempre que sea expresamente autorizada y que no se invoque la condición de parlamentario ni se merme su dedicación absoluta, y además con el tope de plazo de tres años establecido por el decreto de 2010.
Se considera compatible cualquier cargo orgánico de partido y la creación literaria, artística, científica o técnica siempre que no sea profesional ni retribuida de forma regular, y de forma similiar se autoriza la participación en conferencias, seminarios o tertulias de medios de comunicación.
El ejercicio de la abogacía o la representación en empresas privadas se autoriza siempre que no menoscabe la dedicación absoluta al escaño y sin permitir la remuneración del sector público ni la invocación o el uso de la condición de parlamentario.