El congreso de los diputados debate incluir “cláusulas sociales” en los contratos de las administraciones públicas

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes la toma en consideración de una proposición de ley de CiU para incluir “cláusulas sociales” en los contratos de las administraciones públicas.
CiU argumenta en su exposición de motivos que la contratación pública debe ser una herramienta más para conseguir los objetivos de los poderes públicos, porque “puede y debe contribuir” a avanzar en logros sociales y medioambientales.
“A pesar de la conveniencia y de la necesidad de generalizar los comportamientos empresariales socialmente responsables, todavía nos falta mucho camino por recorrer en esta materia”, dice CiU, partidaria de no transferir fondos públicos a empresas “que contaminen, que incumplan normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, que no respeten los derechos laborales o que no cumplan con los objetivos de integración e igualdad de nuestro marco normativo”.
“Sería mucho más lógico”, explica, “utilizar los fondos públicos para contratar a aquellas empresas que además de ofrecer un bien o un servicio a un precio asumible, lo hacen contribuyendo en mayor medida a la cohesión social o a la sostenibilidad medioambiental”.
En CiU creen que la administración debería con sus contratos “dar ejemplo e indicar así, a empresas y ciudadanos, cuál es la vía para llegar a alcanzar una sociedad mejor”.
Además, aseguran que esa inclusión puede tener un importante impacto, por el volumen de lo que supone la contratacion pública en el PIB, y por el avance que supondría hacia mejores estándares sociales y ambientales, ya que las empresas deberían competir por cumplirlos y hasta por mejorarlos, para conseguir ser las adjudicatarias del contrato.
CiU recuerda en su iniciativa las comparecencias celebradas ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en 2006, cuando una subcomisión trabajaba para intentar potenciar la responsabilidad social de las empresas.
Aunque algunas administraciones autonómicas y locales ya han tomado medidas en ese sentido, CiU percibe “algunas dificultades” en el caso de la administración general del Estado, y por ello propone, por ejemplo, que los órganos de contratación administrativa establezcan como requisito para participar en la licitación, cuando el objeto del contrato esté vinculado a acciones públicas de fomento de la ocupación, la acreditación del cumplimiento de la obligación legal de contar con un 2% de trabajadores con discapacidad, o de haber adoptado las medidas alternativas correspondientes.
En los demás contratos, la referida obligación legal deberá ser acreditada por parte del adjudicatario propuesto, con carácter previo a la formalización del contrato.
Con esta medida, precisa la iniciativa, “en absoluto se está creando obligación legal alguna, sino sólo recordando la misma y exigiendo que se acredite su cumplimiento”. Esa misma acreditación deberá hacerse para percibir subvenciones públicas, añade.
Por ese mismo motivo, propone la exclusión del acceso a subvenciones públicas a quienes incumplan las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las personas.
Esas conductas pueden incluso ser constitutivas de delito, y sería “una burla a las leyes” que personas físicas o jurídicas condenadas o sancionadas por cometerlas, puedan tener acceso a subvenciones o contratos púbicos.
Propone ahondar en la reserva de contratos a los Centros Especiales de Empleo, concretando la magnitud de la reserva e incorporando también a las empresas de inserción, una medida que podría ser “muy eficaz” para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.