El Congreso incluye 44 enmiendas a la ley de desindexación que pasa al Senado

Madrid, 22 dic.- El Congreso de los Diputados ha introducido hoy 44 enmiendas (41 del PP y 3 de UPyD y CiU) al proyecto de ley de desindexación de la economía española, que ahora pasa al Senado, y con la que se eliminarán las subidas automáticas de precios en función del IPC en el sector público.

A partir de la aprobación definitiva de la ley, las subidas deberán estar justificadas exclusivamente por el aumento de los costes del servicio, con lo que entre otras cosas se espera evitar los efectos de segunda ronda, es decir, las alzas de precios de determinados productos que repercuten directamente sobre otros sin ninguna relación entre sí.

Durante el debate, el portavoz del grupo socialista en la comisión de Economía y Competitividad, Jesús Caldera, ha criticado que el PP haya presentado 41 enmiendas a su propio texto, lo que no considera "una forma muy aceptable de legislar", y a esta crítica se han sumado el resto de los grupos.

Caldera ha afirmado que es "esencial" que la moderación de los precios de los bienes y servicios públicos lo sea para los usuarios, y ha hecho hincapié en la necesidad de revisar los contratos públicos y de aquellos de larga duración considerando el coste de la mano de obra.

El portavoz de CiU, Josep Sánchez i Llibre, ha considerado que la ley añade inseguridad jurídica a los contratos, ha lamentado que no aclare qué sucede antes de que se apruebe el real decreto que debe desarrollarla, y ha expresado el temor de que mientras tanto no se puedan aprobar concesiones.

Por parte de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela ha denunciado que "se están sentando las bases de un paraíso perfecto para los lobbies, el tráfico de influencias y quién sabe si la corrupción, porque se determina la revisión de los contratos a la discrecionalidad del Gobierno y con un índice específico".

En representación de UPyD, Álvaro Anchuelo ha reclamado que quede fuera del ámbito de aplicación "lo que tiene que ver con prestaciones sociales e indemnizaciones públicas, que no deben perder poder adquisitivo".

Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro María Azpiazu, ha criticado la discrecionalidad que otorga la ley al Gobierno y ha afirmado que para buscar el consenso "habría que tener un periodo más largo para poder debatir realmente".

Por el grupo mixto Rafael Larreina, de Amaiur, ha expresado su preocupación porque la ley "tiende a ir en contra de la protección de los colectivos más débiles, como trabajadores y pequeñas y medianas empresas".

El portavoz del grupo popular en la comisión, Eloy Suárez, ha defendido la necesidad de la ley argumentando que el diferencial del IPC con la zona euro ha subido el 14 % desde que se adoptó la moneda única y que "a nadie debe escapar que la utilización generalizada de la indexación al IPC origina efectos de segunda ronda que retroalimentan la inflación".

Asimismo, Suárez ha salido al paso de las críticas a las muchas enmiendas presentadas atribuyéndolas a una voluntad de "mejorar el texto" y ha afirmado que muchas de las propuestas de otros grupos se pueden dar por incluidas en las del grupo popular.