El congreso insta al gobierno a aprobar un plan nacional de inclusión social

El Congreso de los Diputados debatió este martes una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a elaborar un Plan Nacional para la Inclusión Social destinado a “luchar contra la pobreza”, intensificada con la crisis, tal y como argumentó en la defensa de la iniciativa la diputada popular Susana Camarero, que vio cómo la mayoría de los grupos parlamentarios rechazaban su propuesta por desconfiar del Ejecutivo.
Camarero recordó que, según la encuesta de Condiciones de Vida, publicada en 2012 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada cinco ciudadanos residentes en España -el 21,1 %- se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, es decir, vive con menos de 7.355 euros al año. Además, ha aumentado el porcentaje de hogares españoles que llega a fin de mes con "mucha dificultad", al haber pasado 9,8% de 2011 al 12,7%.
Pese a que los grupos parlamentarios dijeron conocer los datos expuestos por la diputada popular y ser conscientes de la difícil situación que viven muchas personas actualmente en España, negaron su apoyo a la proposición no de ley por haber llegado a la conclusión de que los miembros del Grupo Popular y del Gobierno “no son de fiar”.
Y no lo son, a juicio del PSOE, CiU, Izquierda Plural, Grupo Mixto y UPyD, porque el Ejecutivo ya ha prometido en varias ocasiones la elaboración de un Plan Nacional de Inclusión Social, que, por otra parte, el Parlamento también le ha pedido con al menos una iniciativa similar a la debatida este martes, y ni las promesas ni las demandas se ha materializado en nada.
“No son de fiar, están engañando permanentemente al conjunto de la ciudadanía”, espetó Rosa Aguilar, del PSOE, a Camarero, refiriéndose al Gobierno y al Partido Popular, un convencimiento en el que coincidieron otros grupos como el de Izquierda Plural, que manifestó que dirá que no a la proposición no de ley “porque tiene que ver mucho con la mala mentira política”.
La propuesta aboga también por que el Ejecutivo siga impulsando reformas estructurales que permitan recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo y se avance hacia una mayor colaboración con las administraciones públicas implicadas en el desarrollo de los distintos procesos abiertos de protección social y por regular mejor la situación del Tercer Sector.