El Congreso quiere arrinconar a Batasuna incluso con la retirada del acta a los electos

Madrid.- La Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado hoy un dictamen para seguir arrinconando a Batasuna o cualquier partido ilegalizado y que va más allá de la actual Ley de Partidos, al plantear una "incompatibilidad sobrevenida" que podría llevar a la retirada del acta a un cargo público ya electo.

Con los votos mayoritarios de PSOE, PP y CC, la Comisión Constitucional ha dado el visto bueno al informe de la subcomisión que durante un año y medio se ha encargado de estudiar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que ahora debe plasmarse en una iniciativa legislativa.

Se plantea en esta reforma la posibilidad de anular una lista de un partido legal por dar cobijo a candidatos ligados a la izquierda abertzale radical y se introduce una nueva figura de "incompatibilidad sobrevenida" para cargos electos en ayuntamientos, diputaciones o Cortes Generales.

En esa coyuntura, los afectados deberán optar entre la renuncia a su cargo o "el abandono de la situación que dé origen a la referida incompatibilidad", lo que significa que tendrían que condenar de nuevo el terrorismo.

También se ampliará el plazo para anular listas "contaminadas", de modo que la Fiscalía o el Abogado del Estado podrán presentar recursos contra una candidatura hasta una semana antes de la jornada de los comicios, cuando con la ley actual no se puede hacer después del comienzo oficial de la campaña electoral.

Frente a los intereses electoralistas que el PNV ve detrás de este endurecimiento de la ley, el PSOE y el PP han justificado estos cambios por "necesidad social imperiosa en defensa del sistema democrático".

El diputado socialista José María Benegas ha defendido estos cambios que ha pactado con el PP porque "tapona" las vías ambiguas por las que se podía colar la izquierda abertzale radical en las instituciones democráticas.

Ha lamentado las críticas "no muy dignas" que ha hecho el PNV a la Ley de Partidos y ha garantizado que no volverá a suceder que un lehendakari, como ocurrió con Juan José Ibarretxe en una ocasión, pueda resultar elegido con los votos de aquellos que no rechazan la violencia.

El portavoz del PP en la Comisión, José Antonio Bermúdez de Castro, ha aclarado que la "incompatibilidad sobrevenida" no será de aplicación automática, sino que los afectados podrán conservar el cargo mediante declaración expresa de condena del terrorismo.

Bermúdez de Castro ha dicho que se puede defender cualquier idea, "pero no cualquier método" y ha sostenido que "la democracia tiene derecho a expulsar de sus instituciones a quienes quieren imponer sus ideas por la fuerza" o con su "fraudulento disfraz".

Muy duro en su intervención ha sido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ve "intereses espurios" del PSOE y del PP en esta reforma, que es "una vuelta de tuerca más a la Ley de Partidos".

Tras quejarse de que este punto haya sido ajeno al debate de la subcomisión y de que se introdujera diez minutos antes de la última reunión, el pasado lunes, Esteban ha puesto el acento en las "dudas más que razonables" sobre la constitucionalidad de las nuevas figuras que se sugieren para ilegalizar, como la retirada del acta.

Según ha recalcado, esa vía pretende ser un atajo con graves consecuencias en el terreno de las libertades, que vulnera el derecho de participación política de los ciudadanos.

ERC-IU-ICV, que ha votado en contra de la iniciativa, piensa que algunas de las medidas adoptadas son una "exageración" porque duda de que garanticen algunos derechos jurídicos y políticos.

Si bien el diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha dejado claro su respaldo a la lucha contra el terrorismo, lo que no apoya es que se anulen las garantías de los derechos fundamentales "por perseguir" hasta al último cargo público de Batasuna.

Un punto con el que tampoco CiU está conforme y por eso se ha abstenido en la votación de esta parte del dictamen, ya que, en opinión de Jordi Xuclà, la figura de "incompatibilidad sobrevenida" puede tener dudas jurídicas.

Coalición Canaria, según ha dicho su portavoz, Ana Oramas, considera que en política antiterrorista "hay que estar siempre, siempre con el Gobierno, aunque se equivoque".