El Congreso da un paso decisivo para ultimar la reforma electoral más ambiciosa

Madrid.- La Comisión Constitucional del Congreso dará hoy un paso decisivo para abordar una amplia reforma electoral, que, entre otras cosas, estrechará el cerco a la izquierda abertzale radical para impedir que acceda a las instituciones y reducirá el gasto de los partidos en campañas.

Estas son algunas de las conclusiones que aprobó ayer la subcomisión encargada de estudiar durante año y medio la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), cuyo informe, al que ha tenido acceso Efe, será debatido hoy por la Comisión Constitucional.

Si finalmente prospera, será la reforma electoral más ambiciosa acometida hasta ahora desde la aprobación de la LOREG, en 1985.

Uno de los aspectos más novedosos que se plantean es la reducción del presupuesto de los partidos políticos durante la campaña electoral en un 15 por ciento, el mismo porcentaje que debe recortar la Administración de la propaganda institucional relacionada con las elecciones, puntos que han contado con el respaldo unánime de todos los grupos parlamentarios.

Del mismo modo, han acordado vetar campañas publicitarias (cartelería, cuñas de radio, etc), salvo en los quince días que dura oficialmente la campaña.

Además, durante este periodo se prohíbe al gobierno inaugurar cualquier obra o servicio público, sin perjuicio de que puedan entrar en funcionamiento.

Con el único apoyo de PSOE y PP, la subcomisión también ha pactado una reforma normativa que impedirá a Batasuna o cualquier partido ilegalizado presentarse a las elecciones mediante subterfugios legales.

Incluso, podría anularse una lista de un partido legal por dar cobijo a candidatos ligados a la izquierda abertzale radical.

La reforma va más allá al proponer que si un cargo electo de Batasuna o fuerzas afines entra en una institución, sean ayuntamientos, diputaciones o Cortes Generales, pueda ser expulsado.

También se ampliará el plazo para anular listas "contaminadas" y la Fiscalía o el Abogado del Estado pueden presentar recursos hasta una semana antes de la jornada de los comicios, cuando con la ley actual no se puede hacer después del comienzo oficial de la campaña electoral.

Otro apartado de las conclusiones hace referencia a la obligatoriedad de que todas las televisiones privadas generalistas emitan crónicas de campaña electoral al final de sus informativos, igual que las cadenas públicas y con los mismos criterios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad establecidos por la Junta Electoral Central (JEC).

A partir de las próximas elecciones, los ayuntamientos con menos de cien habitantes podrán elegir a tres concejales o seguir funcionando en la modalidad de concejo abierto, que supone la elección de un alcalde y la toma de decisiones en asamblea vecinal.

Fuera del ámbito meramente electoral, la subcomisión ha decidido aconsejar al Congreso que estudie implantar un sistema de voto telemático que permita a las diputadas embarazadas o en etapa de lactancia, así como a los parlamentarios de baja por enfermedad, participar en las votaciones sin tener que acudir al pleno.

Como la Constitución establece que el voto de los diputados y los senadores es personal, intransferible y no delegable, la vía de las sustituciones queda completamente cerrada, salvo que se aborde una modificación de la Carta Magna, límite que la subcomisión no quería traspasar.

Ha quedado resuelto, en cambio, el problema del voto de los emigrantes, que tendrán que votar en urna en los consulados correspondientes a partir de los próximos comicios generales, lo que constituirá una novedad en la regulación de los procesos electorales.

A los ciudadanos inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) se les impedirá votar en las elecciones municipales del año que viene, siguiendo una recomendación del Consejo de Estado para que la elección de los alcaldes recaiga en quienes están inscritos en el padrón y residen en el municipio.