El Congreso rechaza que el TC pueda revisar la constitucionalidad previa de los estatutos autonómicos

Madrid.- El pleno del Congreso rechazará hoy una propuesta legislativa defendida por el PP, que sólo cuenta con el apoyo de UPyD, para que el Tribunal Constitucional (TC) pueda revisar con carácter previo a su entrada en vigor la constitucionalidad de los estatutos de autonomía y sus reformas.

A la espera de la votación final en la sesión plenaria, los portavoces de todos los grupos parlamentarios, excepto Rosa Díez (UPyD), han adelantado su oposición a la toma en consideración de la proposición de ley del PP para que se reforme la ley del TC y se recupere la figura del recurso previo de inconstitucionalidad.

Su objetivo es poder suspender automáticamente la aplicación de un nuevo estatuto si es recurrido ante el TC hasta que éste se pronuncie mediante sentencia, lo que implica que mientras tanto no puede convocarse ningún referéndum para refrendar el texto.

En nombre del PP, el diputado Arturo García Tizón ha subido a la tribuna para defender esta iniciativa, cuya finalidad -ha dicho- es que ningún estatuto o reforma estatutaria pueda entrar en vigor hasta "tener perfectamente clara su constitucionalidad".

García Tizón ha considerado que si esta figura siguiera vigente, no se hubiera producido una situación como la que se está viviendo con el Estatuto de Cataluña, que lleva casi cuatro años en vigor y a la espera se una sentencia del TC sobre los recursos interpuestos contra él.

Pero el resto de grupos han visto en la propuesta del PP una usurpación de la soberanía popular que reside en el Parlamento y han alertado de que su aprobación significaría convertir al TC "en una especie de tercera cámara", con potestad para pronunciarse sobre proyectos de ley antes de que finalice su tramitación legislativa.

Han coincidido también los distintos portavoces en recordar al PP que el modelo español es el del control de constitucionalidad a posteriori, sobre leyes aprobadas, sancionadas, promulgadas y vigentes.

Desde el PSOE, el diputado Jesús Quijano ha puesto el acento en que el modelo de control constitucional no es ni previo ni suspensivo, sino posterior a la entrada en vigor de las leyes.

Quijano ha criticado asimismo al PP por su oportunismo político y le ha afeado que haya sacado ahora esta iniciativa, en medio de la polémica sobre el Estatuto catalán, aún a sabiendas de que no llegará a las Cortes ningún texto estatutario porque no se creará ninguna otra comunidad.

Jordi Xuclá, de CiU, ha apelado al PSOE y al PP para que afronten una reforma de la ley orgánica del TC que contemple la renovación automática de los magistrados cuyo mandato ha expirado.

Xuclá ha considerado además que los estatutos aprobados por la vía del artículo 151 de la Carta Magna no deben ser sometidos tampoco al control posterior por parte del Constitucional, cuando han sido sancionados en referéndum, porque eso forma parte del pacto constitucional.

Una idea compartida por el diputado de ICV, Joan Herrera, quien ha alertado de que "la visión y los planteamientos mayoritarios del pueblo catalán podrían ser expulsados del consenso constitucional", lo que crearía un problema no sólo para Cataluña, sino para el conjunto del país.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, ha negado que el Estatuto catalán suponga una reforma encubierta de la Constitución, como ha denunciado Rosa Díez, al tiempo que ha deplorado el "lúgubre" y "delirante" expediente del PP con Cataluña durante toda la democracia.

Ridao ha calificado de "indeseable" que el poder judicial pueda interferir en el legislativo mediante un derecho a veto que destruye la presunción de legitimidad del Parlamento como representante de la soberanía popular.

"Es como la guerra preventiva de Aznar, trasladada a la democracia y al Parlamento", ha apostillado.

Otro de los que han coincidido en esa tesis ha sido el diputado del PNV Aitor Esteban, quien ha querido dejar claro que la capacidad del sistema de justicia constitucional español para resolver los grandes hitos políticos "ha fenecido" y que urge un nuevo modelo.

Tanto José Luis Perestelo, por CC, como Francisco Jorquera, del BNG, han apuntado la necesidad de proceder a renovar el TC, para que esta institución recupere la legitimidad y la autoridad perdidas.