El congreso se conjura para mejorar la transparencia y reformar la ley de financiación de partidos

El Congreso de los Diputados aprobó hoy por unanimidad una propuesta transaccional para presentar en este período de sesiones un proyecto de ley para garantizar el "derecho de libre acceso a la información pública" y, en su tramitación, explorar medidas para "profundizar" en la participación, la transparencia y el control en democracia, así como para reformar la ley de financiación de partidos.
La transacción se realizó sobre una proposición no de ley originaria de ERC-IU-ICV, que pedía, más concretamente, que el contenido del Registro de Intereses tuviera "carácter público", de forma que todos los ciudadanos pudieran acceder a las rentas percibidas por los parlamentarios durante su mandato y la diferencia experimentada por su patrimonio en ese tiempo. No obstante, el portavoz de ERC, Joan Ridao, agradeció a los demás grupos su buena disposición a acordar un texto conjunto.
Pese al acuerdo de todos los grupos, y la coincidencia de los respectivos ponentes en destacar que la mayor parte del trabajo de los parlamentarios se desarrolla en las comisiones y no en los plenos, las intervenciones de sus respectivos ponentes evidenciaron ciertos matices en la forma de abordar la iniciativa.
Así, desde el PSOE, la diputada María Virtudes Monteserín achacó en parte la mala imagen que los ciudadanos tienen de los políticos a los mercados y a los periodistas. A éstos les reprochó centrarse en la "anécdota", el "chascarrillo" y las opiniones cruzadas, que son lo que se traslada "inmediáticamente" (neologismo que acuñó a sabiendas) a los ciudadanos.
Por su parte, el portavoz de Cultura del PP, José María Lassalle, defendió la iniciativa porque la democracia tenía que saldar cuanto antes la "deuda" de otorgar rango de ley al Código de Buen Gobierno, que está en vigor desde 2005 y considera la transparencia, la ejemplaridad y la austeridad algunos de los principios rectores que han de guiar la actividad de los servidores públicos.
Desde CiU, Jordi Jané instó a todos los grupos a "explicar mejor" a la ciudadanía que se manifiesta en la calle con indignación que la democracia representativa es una actividad noble que ha costado mucho conseguir y de la que hay que "sacar pecho". Según aseguró, esa labor explicativa legitimaría a los representantes pero también a los representados.
El más escéptico fue probablemente el diputado del PNV Aitor Esteban, quien, aun garantizando el apoyo de su grupo, dijo que la iniciativa transaccionada es "una medida al albur de la ola mediática" originada por los manifestantes del 15-M. Se declaró en desacuerdo con que el sistema sea cada vez más cerrado y carente de transparencia y, por si fuera poco, advirtió de que es "casi imposible" que se apruebe antes del fin de la legislatura.
Finalmente, en nombre del Grupo Mixto, el portavoz de UPN, Carlos Salvador, dijo que le hubiera gustado que la transaccional incluyera el compromiso de poner en marcha una Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales para el mejor control y fiscalización de las cuentas públicas, y el de hacer público el registro de grupos de interés o "lobbies" y las reuniones que los representantes políticos mantienen con ellos con asiduidad, para que se vean con normalidad.