¿Cuándo habrá investidura? Es la pregunta con la que los diputados afrontan el inicio del curso a partir de la semana que viene y es la duda que condiciona el calendario, que planea en cada decisión y que pone las estrategias de los grupos parlamentarios entre interrogantes. El Congreso vuelve, pero no sabe si para quedarse.
La Mesa de la Cámara se reunirá el miércoles próximo, y cuando acabe, tocará el turno de la Junta de Portavoces; entre sus cometidos, una misión repleta de incertidumbre: fijar un calendario.
Pero qué calendario; es la gran cuestión.
Está previsto que la semana que viene acoja comparecencias de ministros ante las comisiones correspondientes para que informen sobre la gestión del Gobierno en, por ejemplo, las huelgas en aeropuertos y en Renfe o en la crisis alimentaria provocada por los casos de listeriosis.
Fuentes parlamentarias consultadas por Efe indican que se esperan las asistencias del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y es posible que haya más comparecencias de integrantes del Gobierno durante la segunda semana de septiembre.
También recuerdan que hay que cuadrar en la agenda el pleno para que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, explique los acuerdos y asuntos tratados en las dos últimas cumbres europeas de junio y julio, tal y como prometió el grupo socialista en la Diputación Permanente del martes pasado.
Los cálculos de las fuentes sitúan el pleno en la segunda semana, aunque no lo dan por seguro debido a los actos de la Diada del 11 de septiembre, que los partidos y los políticos observarán con atención porque ilustrarán el ánimo con el que los partidos independentistas divisan el curso y el tiempo previo a la sentencia del juicio del "procés".
Las dudas que envuelven la confección del calendario parlamentario están enganchadas a las de la agenda de la investidura. El 23 de septiembre es el día clave porque es cuando acaba el plazo de dos meses que la Constitución confiere a los grupos parlamentarios para que saquen adelante una candidatura a la Presidencia del Gobierno, una vez frustrado el primer intento.
Todo indica que Pedro Sánchez se reunirá la semana próxima con el PNV y con el PRC, y puede que con algún partido más, y que el encuentro crucial con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se enmarcará en la segunda semana de septiembre.
Por ello, el calendario parlamentario se detendrá en la semana del 16 por si hubiera ronda de consultas del rey, y consecuentemente, otro debate de investidura. Si tal hipótesis no ocurre, se disolverán las Cortes y habrá elecciones el 10 de noviembre. Y los diputados, muchos de ellos nuevos tras el 28A, se instalarán en la incertidumbre.
Sin leyes
La web del Congreso recuerda que la última ley aprobada (en realidad un decreto-ley) data del mes de marzo; es la que prorroga la canalización del superávit de comunidades autónomas y de entes locales a "inversiones financieramente sostenibles".
Desde entonces, cero leyes; pero lo peor no es el tiempo consumido, sino el tiempo por consumir, pues si hay otras elecciones, puede que el Congreso y el Senado se pasen un año sin sacar adelante norma alguna.
Los grupos, en lo que va de XIII Legislatura (poco más de tres meses), han registrado 38 proposiciones de ley, a las que hay que sumar dos proposiciones de otros tantos diputados, 16 de comunidades autónomas, cinco propuestas de reformas estatutarias y siete iniciativas legislativas populares. Este cuerpo normativo por hacer se desmoronaría en gran parte si hay elecciones.
Es lógico que los diputados sientan desazón ante un posible regreso a las urnas porque caería mucho del trabajo hecho hasta ahora. Sin ir más lejos, en las comisiones. A finales de julio, antes del parón de agosto, el Congreso creó casi una treintena, y el riesgo de que mueran sin haber celebrado una sola sesión es alto. El 23 de septiembre se acerca.
La maquinaria interna, al ralentí
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tuvo encima de la mesa, al poco de llegar al cargo, algunos asuntos internos pendientes: el código ético de los diputados, la creación de una Oficina de Ciencia o la implantación de un plan de igualdad en la Cámara.
Sobre el código ético. El pasado 6 de julio la Mesa del Congreso acordó dar los primeros pasos para crear la Oficina de Conflicto de Intereses de los diputados, la medida estrella de dicho código. Sobre la Oficina de Ciencia. El Congreso de la anterior legislatura consignó una partida de 200.000 euros para hacer realidad el proyecto. Y sobre el Plan de Igualdad. La Mesa decidió hace semanas ultimar el documento conjuntamente con el Senado.
Son tres proyectos que, si hay elecciones, podrían estancarse otra vez.
Como puede estancarse el estudio de las declaraciones de actividades de los parlamentarios, de lo que se encarga la Comisión del Estatuto del Diputado. Su informe, el que da el visto bueno a la compatibilidad de éstas con la función de diputado, debe aprobarse en pleno, pero ese pleno tiene aún que celebrarse.
El dilema de los grupos
En un escenario incierto, tomar decisiones es arduo. Fuentes de la dirección de un grupo parlamentario de la oposición expresaba a Efe el dilema estratégico al que se enfrentan: exprimir el trabajo legislativo y de control al Gobierno como si no hubiera sombra de repetición electoral, o mantener un ritmo bajo, aunque sostenido, porque casi seguro que habrá que ir a las urnas.
Así están las direcciones de todos los grupos. Y cada uno de los diputados.
Resulta comprensible que en sus conversaciones con los periodistas intenten recabar cualquier información, incluso cualquier pista.
Es tiempo de incertidumbre en el Congreso.
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