El Consejo de Garantías cuestiona el modelo del Govern de transición a veguerías

Barcelona.- El Consejo de Garantías Estatutarias ha elaborado un dictamen sobre el proyecto de ley de veguerías que cuestiona la fórmula elegida por el Govern para hacer la transición a las veguerías y en particular para constituir los consejos de veguería que deben sustituir a las diputaciones.

Aunque este organismo declara "contrario" al Estatut y a la Constitución sólo un apartado de una disposición transitoria y no censura el mapa veguerial definido por el Govern, recomienda "posponer la constitución de los consejos de veguería" hasta que Las Cortes "modifiquen la correspondiente ley orgánica" para alterar los límites de las provincias catalanas.

Este organismo da así en buena medida la razón a CiU al subrayar que el territorio de la veguería "ha de coincidir necesariamente tanto en su dimensión de ente local como en la de demarcación espacial para la organización de los servicios de la Generalitat", tal como establece el Estatut.

En este sentido, CiU había argumentado que no tenía ningún sentido que, al aprobarse esta ley, se constituyeran inmediatamente sólo cuatro consejos de veguerías -los de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona-, y no los siete previstos, y que en cambio la Generalitat estructurase sus servicios territoriales en siete veguerías.

Por unanimidad, el dictamen, que no es vinculante, sostiene que, aunque el proyecto de ley "no ha previsto esta dualidad como cuestión de principio", "la solución adoptada para resolver el problema" no es "la más adecuada".

Ese problema al que se refiere este ente es que, para poner en marcha los consejos de veguería de las tierras del Ebro, del Alt Pirineu y de la Cataluña central, primero se deben modificar en Las Cortes diversos límites provinciales.

Este organismo critica en particular la redacción que se hace sobre el proceso de transición a las veguerías en este proyecto de ley que los grupos que apoyan al Govern prevén aprobar en el próximo pleno del Parlament, previsto para el 14 y el 15 de julio.

El proyecto de ley precisa que, cuando esté en vigor, se constituirán inmediatamente los consejos de veguería de Barcelona, de Girona, de Lleida y de Tarragona, que "coincidirán" con la circunscripción territorial "de las vigentes provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona".

"Los consejos de veguería mencionados sustituyen a las diputaciones provinciales correspondientes", añade la disposición transitoria primera, una postilla final que puede plantear "problemas de seguridad jurídica", según este organismo.

Y es que, aunque no lo ve inconstitucional, apunta que este apunte en realidad supone simplemente que "de un día para otro, las respectivas diputaciones provinciales pasarán a denominarse consejos de veguería, sin ningún tipo de modificación en su territorio, sede, capitalidad, bienes, derechos y personal, ni tampoco en la composición y estructura administrativa".

Asimismo, el Consejo entiende que el apartado de la ley que habla de la puesta en marcha de los consejos de veguería de las tierras del Ebro y del Camp de Tarragona, se ha redactado "sin contar con la previa aprobación de la ley orgánica" necesaria para partir en dos la provincia de Tarragona.

En este punto, los miembros de este organismo resaltan que se trata de una "modificación en el mapa provincial y no de una simple y probablemente menor modificación de la línea de separación entre provincias limítrofes".

El dictamen también critica "la poca claridad de la terminología utilizada" en el proyecto de ley al hablar de los cambios legales que deben producirse para lograr que se constituya el consejo de veguería del Alt Pirineu y el de la Cataluña central.

Más allá de estas precisiones, este ente deja claro que "las veguerías no sustituyen a las provincias, sino que la veguería es el nuevo tipo de provincia en Cataluña, de manera que lo que realmente resulta sustituido son las diputaciones provinciales".

Aún así, no da la razón al PP catalán, que también pidió dictamen a este organismo, cuando comenta que el proyecto no afecta "a la delimitación territorial de los servicios del Estado ni tampoco las a circunscripciones electorales" previstas en la Constitución.