Madrid.- El presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación por origen racial o étnico, José Manuel Fresno, ha asegurado hoy que el discurso del dirigente del PP en Badalona, Xavier García Albiol, "vulnera" las directivas comunitarias y las leyes españolas.
En una nota de prensa, Fresno, tras la reunión que ha mantenido el órgano que preside, ha expresado el "rechazo más absoluto" al comportamiento y a las palabras de Albiol, quien afirmó que todos los rumanos de etnia gitana que hay en Badalona "han venido a delinquir".
Para Fresno, la actitud del dirigente municipal del PP conduce a activar los prejuicios, el rechazo social y la discriminación "hacia las personas diferentes" y considera que es "inadmisible" en una persona que ostenta un cargo público.
Ha querido dejar constancia de que cualquier equiparación entre personas de etnia gitana con delincuencia o inseguridad supone "una clara discriminación" y ha expresado su preocupación por el hecho de que las manifestaciones de Albiol "contribuyen a estigmatizar a toda una comunidad basándose en criterios xenófobos y racistas".
Ha recordado a los poderes públicos que deben tomar medidas legales oportunas para evitar este tipo de comportamientos y ha hecho un llamamiento a las instituciones, tanto públicas como privadas, y, en especial a los partidos políticos, para que contribuyan a generar en la sociedad actitudes respetuosas.
A los partidos políticos les ha exigido que "reprueben" conductas como la de Albiol, así como que respeten y traten "de modo correcto" a toda persona independientemente de su origen social o étnico.
Fresno ha animado a las instituciones a ejercer las acciones legales pertinentes para reparar los daños producidos a las personas por este tipo de actuaciones y ha solicitado a los ciudadanos que "tengan actitudes positivas y constructivas" con aquellos que tienen "orígenes diferentes".
El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación por origen racial o étnico es un órgano colegiado de la Administración del Estado, que tiene por objeto prestar asistencia a las víctimas de este tipo de prácticas, realizar estudios e informes sobre esta materia y promover las medidas que fomenten la igualdad de trato.
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