El consejo de ministros aprueba el proyecto de ley de seguridad ciudadana tras incorporar mejoras al texto inicial

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que incluye las modificaciones incorporadas por el Ministerio del Interior tras recibir las sugerencias realizadas por los órganos consultivos al texto inicial que elaboró el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.
Fuentes de Interior explicaron a Servimedia que el texto que examinará el Gobierno incorpora “todas las observaciones esenciales que se han formulado” por parte de órganos consultivos como el CGPJ y el Consejo Fiscal, así como ONG como Amnistía Internacional y Greenpeace.
Por este motivo, desde el Ministerio se asegura que el proyecto que finalmente será sometido a aprobación por el Consejo de Ministros “contará con todas las garantías en cuanto a su constitucionalidad y con un escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas”.
El objeto de esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana, según Interior, es “garantizar las mejores condiciones para la seguridad ciudadana, con un absoluto respeto a la libertad y con una total seguridad jurídica”.
PROCESO DE “MADURACIÓN”
La aprobación de este texto por parte del Ejecutivo se producirá después de que el anteproyecto fuera sometido a deliberación para informe y consulta del Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre.
Transcurridos más de siete meses desde esa fecha, el nuevo anteproyecto vuelve al Gobierno para su aprobación. Durante este tiempo, el primer texto ha sido examinado por diversos organismos públicos, como la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y finalmente el Consejo de Estado.
Además, lo han valorado varios departamentos ministeriales y la Federación Española de Municipios y Provincias. También han sido oídas, entre otras entidades, Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermon Oxfam.
Según Interior, “todo este trámite tan exhaustivo de maduración” de la iniciativa legal buscaba que la reforma contase “con todas las garantías en cuanto a su constitucionalidad y con un escrupuloso respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas”.