Madrid.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado la multa de 300 euros que la comisión disciplinaria de este órgano impuso por una falta leve al juez Baltasar Garzón por dejar libres por error a dos narcotraficantes turcos, Erdem Vardar y Sahin Eren.
Así lo ha acordado el pleno del CGPJ, que ha desestimado por unanimidad el recurso que el juez de la Audiencia Nacional ha interpuesto contra dicha sanción, según ha informado hoy el órgano de gobierno de los jueces.
La falta leve atribuida a Garzón se refiere al incumplimiento injustificado de los plazos establecidos para dictar resolución.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional emplazó por unanimidad al CGPJ a pronunciarse sobre si la falta del juez Baltasar Garzón al dejar libres por error a dos narcotraficantes turcos había pasado de leve a grave ante la huida de uno de ellos.
El CGPJ activó la investigación de estos hechos a raíz de una queja del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que acusó a Garzón de negligencia por no haber prorrogado en plazo la prisión, lo que motivó la excarcelación de los dos narcotraficantes.
El juez reconoció que la excarcelación se debió a un error en la identificación de los días de detención y prisión de los dos procesados en las carpetillas que inician las piezas de situación de ambos.
La comisión disciplinaria basó su decisión en la afirmación de que Garzón no examinó personalmente los autos para comprobar si habían transcurrido los plazos, lo que el juez niega en su recurso.
El vocal del CGPJ que ha propuesto confirmar dicha multa, Carles Cruz, concluye en su informe que la comprobación efectuada por Garzón "no fue lo suficientemente precisa y diligente como para detectar el transcurso de los plazos", lo que determina que dicha comprobación no se ajustara a los parámetros imprescindibles de atención y cuidado exigibles.
Preguntada por los periodistas por si la admisión hoy a trámite de una nueva querella contra Garzón -esta vez para investigar los cobros que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York- podría llevar a su suspensión, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, se ha limitado a decir que el Consejo "adoptará una decisión siempre ajustada a derecho".
Por otra parte, el pleno del CGPJ ha aprobado el informe de la comisión de Estudios de este órgano que avala el artículo de la Ley de Economía Sostenible (LES) que atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para decidir sobre el cierre de páginas web que infrinjan los derechos de propiedad intelectual.
La única queja de la comisión de Estudios respecto del anteproyecto de la LES es que no valora los efectos de la nueva competencia de los Juzgados de la Audiencia Nacional, que "puede traducirse en una importante carga adicional de trabajo, lo que acaso pudiera derivar en la necesidad de ampliar la planta de esos Juzgados o establecer ciertas medidas de refuerzo".
Además, el pleno del Poder Judicial ha acordado proponer varias reformas legales para reducir la litigiosidad y agilizar los procedimientos judiciales, entre ellas una que permita que los jueces en prácticas puedan ejercer durante ese período en órganos judiciales asignados a magistrados.
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