Nuevo paso en el lío familiar

Giro en El Corte Inglés: cuenta atrás para la vista por la herencia de Isidoro Álvarez

Muere Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés
Muere Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés

Nuevo giro de acontecimientos en el litigio judicial por la herencia del expresidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido levantar el suspenso que pesaba sobre la vista pendiente de celebrar y que enfrentará, por un lado, a María Antonia Álvarez -hermana del fallecido empresario y madre del también expresidente de los grandes almacenes Dimas Gimeno- y, por otro, a los albaceas del testamento Ramón Hermosilla y Carlos Martínez. También estaba en esta causa el fallecido recientemente Antonio Hernández-Gil, secretario del consejo. En la misma se tendrá que dilucidar la demanda civil que presentó la hermana de Álvarez contra todos ellos por la desaparición del testamento de cinco millones que les corresponderían a sus hermanos.

Se trata de una resolución que viene a corregir el criterio inicial de la magistrada del Juzgado de Primera Instancia de Madrid número 19 la cual accedió a la petición de María Antonia Álvarez y acordó la suspensión de este procedimiento por prejudicialidad penal; esto es, porque existía otra investigación abierta relacionada también con este asunto en la rama penal. En concreto, y según fuentes jurídicas consultadas por La Información, se trata de un procedimiento que arrancó en los juzgados de Plaza Castilla de la mano de la propia María Antonia Álvarez. 

La hermana del fallecido presidente de El Corte Inglés -y madre de Dimas Gimeno- puso en conocimiento de la Justicia un sobre con un pendrive que encontró en el buzón de su domicilio. El mismo, y según las fuentes consultadas, recogía la grabación de una conversación que habrían mantenido dos veteranos consejeros de El Corte Inglés -y actualmente patronos de la fundación-, Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echevarría. En ella, se haría alusión en conversación con un tercero acerca de la sustracción de cinco millones de la fortuna que tenían que heredar los hermanos de Isidoro Álvarez.

A tenor de la recepción del pendrive la defensa de María Antonia Álvarez presentó una denuncia que dio pie a la apertura de diligencias de investigación que fueron archivadas en primera instancia y, posteriormente en la Audiencia Provincial de Madrid lo que motivó que la hermana de Isidoro Álvarez interpusiera recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que está pendiente de resolución.

Pero este no es ni mucho menos el primer episodio de la guerra familiar. Desde incluso antes del fallecimiento del que fuera presidente de los grandes almacenes, Isidoro Álvarez, las cosas empezaron a torcerse. Pero este hecho fue el verdadero detonante de la guerra familiar. El expresidente había adoptado a Marta Álvarez Guil -que ocupa ahora este cargo- y su hermana Cristina. La propia hermana de Isidoro Álvarez pidió la nulidad del procedimiento de adopción. En cambio, el juzgado de lo social número 10 de Madrid rechazó la petición al considerar que la demandante carecía de legitimación para hacerlo, no llegando a entrar en el fondo del asunto. 

Esta decisión fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de julio y aún no ha sido resuelta. María Antonia Álvarez era, según fuentes conocedoras, la heredera de su hermano hasta la adopción de las Álvarez Guil. Por ello, ha tratado de acceder, sin éxito, en varias ocasiones al texto legal que dejó su hermano. Como consecuencia de este cambio, las hermanas se quedaron con una parte importante de las acciones de IASA, el hólding a través del que tienen las acciones de El Corte Inglés, y consiguieron relegar a Dimas Gimeno de la presidencia de los grandes almacenes. La batalla sigue viva. 

Polémica con la ponencia

Volviendo al asunto judicial. El juzgado de primera instancia que sigue el asunto de la demanda decidió dejar en suspenso el procedimiento civil a la espera de que se resolviera el penal pero ahora la Audiencia de Madrid ordena justo lo contrario. De acuerdo con su auto del pasado 29 de enero, al que ha tenido acceso La Información, los magistrados de la Sección 10 de la Audiencia Provincial Civil estiman el recurso presentado por Ramón Hermosilla y dejan sin efecto la resolución de la instructora, lo que implica que debe ponerse en marcha el procedimiento civil por la demanda de los cinco millones que 'desaparecieron' del testamento. 

En su escrito, los magistrados explican que para que prevalezca la suspensión del procedimiento civil debe quedar patente la relación manifiesta con la causa penal un hecho que, a su juicio, no ocurre. "En el auto recurrido se hizo pivotar la suspensión del procedimiento civil en que las diligencias penales se refieren a hechos que están relacionados con el documento. Empero, se orilla que, por un lado, en el escrito solicitando la suspensión se alude a una supuesta mención expresa a un hecho ya precitado, lo que revela ictu oculi la sinrazón que subyace en dicha petición y, por otra, ni siquiera se menciona que se alterase la verdad en la modificación del legado, ni que la misma no se atuviese a la voluntad del testador, sino que Isidoro no compareció para la firma en la Notaría", reza el auto.

Es decir, el magistrado hace referencia que a su juicio carece de sentido apararse en el procedimiento penal para dejar en el aire el proceso abierto por la demanda civil relacionada con el testamento de Isidoro Álvarez. Con todo, el escrito de los jueces añade que no hay motivos de peso para dar mantener el procedimiento en suspenso. 

Con todo, cabe destacar que hubo un cambio de ponencia en la resolución de este asunto. De este modo, en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso este diario, se designaba como magistrado ponente a José Manuel Arias Rodríguez en sustitución de la designada originalmente, Begoña Pérez Sanz, "por motivos de agenda". Fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que el magistrado fue denunciado por un empresario ante la Fiscalía Anticorrupción a la par que se estudió el asunto también en el órgano de gobierno de jueces (el Consejo General del Poder Judicial) aunque esta última denuncia se acabó archivando. 

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