Madrid, 31 jul.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reúne esta tarde para fijar los objetivos de de déficit y de deuda de cada autonomía para los próximos años.
La cita se produce un día después de que el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, se reuniera con los "barones" territoriales de su partido para analizar la situación económica de España y de las comunidades y lanzar un mensaje unitario ante las medidas de ajuste puestas en marcha por el Ejecutivo.
En la anterior reunión del CPFF, el Ministerio de Hacienda amonestó a varias comunidades por no cumplir con los objetivos previstos en sus planes económico-financieros y se aprobaron las previsiones de déficit autonómico hasta 2015.
El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, no cedió a las peticiones autonómicas de flexibilizar el calendario para que cumplieran su objetivo de déficit y dos comunidades gobernadas por el PP, Castilla y León y Extremadura, se abstuvieran en la correspondiente votación.
Además, Galicia (también gobernada por el PP) se quejó igualmente en esa reunión de los planes de Hacienda, aunque votó finalmente a favor de los mismos, mientras que lo hicieron en contra Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias.
Aunque Bruselas relajó en un punto, del 5,3 al 6,3%, el límite de déficit para las administraciones públicas españolas este año, aplazando a 2014 el 3% obligatorio para todos los países de la zona euro, Montoro se mantuvo firme, sin compartir ese punto de "relajo".
Para 2013, y a pesar de ese mayor margen de maniobra que gracias a Bruselas tendrá el Gobierno central, las comunidades tienen que llegar a la meta del 0,7% de déficit, dos décimas por encima de lo previsto en el Plan de Estabilidad 2012-2015 que España remitió a Bruselas en primavera.
Para 2014, Hacienda quiere que el déficit autonómico no supere el 0,1% y que en 2015 se produzca un superávit del 0,2%.
Ese 0,1% supone un endurecimiento de dos décimas respecto al objetivo remitido a Bruselas.
El Fondo de Liquidez Autonómico, creado recientemente por el Gobierno y dotado con 18.000 millones de euros, planeará, previsiblemente, sobre la reunión.
Las comunidades preguntarán por las condiciones y contrapartidas por su posible adhesión, que hasta ahora solo han anunciado que pedirán Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia.
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