Se abre la veda. El 'decreto Ribera' que rebajará la factura de la luz a costa, esencialmente, de los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas amenaza con abrir paso, de nuevo, a un largo proceso judicial con un sector, el energético, que, por norma, suele dirimir sus conflictos en los tribunales. El Gobierno es consciente de que el escenario que se abre desde este miércoles, momento en que el paquete especial de medidas de urgencia se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es complejo y por eso ha intentado blindar jurídicamente las medidas extraordinarias. Existe un precedente al que miran de reojo: el de los laudos por las primas a las renovables abiertos desde la época de José Manuel Soria y en los que aún el Estado se juega 9.000 millones de euros, según cálculos oficiales del Ejecutivo, en arbitrajes internacionales.
El Gobierno español ha querido ser pionero en Europa a la hora de legislar sobre la materia. Ni en el pacto de coalición firmado en 2019 estaban recogidas las medidas que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Fuentes gubernamentales reconocen que el escenario previsto para este otoño e invierno, con unos precios de la electricidad en el mercado mayorista que van a seguir disparados, ha obligado al Ministerio de Transición Ecológica a mover ficha con este paquete especial que va a suponer un 'rejón' de unos 2.500 millones a las compañías eléctricas hasta el 31 de marzo de 2022.
Pero la decisión, a la que podrían sumarse en los próximos meses otros países del club comunitario, también tiene riesgos. El Gobierno reconoce, precisamente, que este plan de choque para atajar el 'rally' de los precios de la luz se enfrenta a un problema de seguridad jurídica. Un escollo que se abre desde este jueves, momento de su entrada en vigor, y que corre el riesgo prolongarse durante años y años, como ha ocurrido con las renovables. Las medidas que afectan a las eléctricas son cuatro: las subastas de compra de energía a largo plazo; la reducción de la sobrerretribución, en la que se establece un precio fijo para el gas de 20 euro por megavatio hora; la fijación de un precio tope para el gas, que no será público; y la obligatoridad de mantener unos caudales mínimos y máximos en los embalses.
El momento económico y político, además, es clave: en plena recuperación de la economía, mientras se están empezando a repartir los fondos europeos y con un presidente, Pedro Sánchez, que fijó un compromiso: que la factura de la luz a finales de este año fuera similar a la de 2018. Las grandes del sector energético son, además, compañías interesadas en concurrir a los concursos abiertos para la distribución del 'maná' de Bruselas.
Las eléctricas preparan la artillería legal
Las principales empresas eléctricas están esperando a la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del real decreto-ley de medidas urgentes para mitigar la escalada del precio de la luz para activar a sus equipos jurídicos y tomar decisiones. Ya han echado sus propios números a la espera que conocer el texto. Fuentes del sector explican que la 'artillería legal' de estas grandes compañías está lista para analizar jurídicamente el conjunto de normas que van a entrar en vigor este jueves e iniciar los procedimientos internos que consideren oportunos. El movimiento por sorpresa del Gobierno, reservado para que Sánchez lo anunciara en horario de máxima audiencia en TVE, es interpretado por las grandes del sector como una declaración de guerra y, ya avisan, van a defender los intereses de sus accionistas.
En Transición Ecológica, por su parte, han intentado blindar el decreto de posibles litigios por parte de las grandes eléctricos. Fuentes gubernamentales consideran que las normas estarían "amarradas jurídicamente" y lo argumentan empleando criterios de "oportunidad" y "urgente necesidad" ante un escenario inédito en el que "los consumidores y pequeñas empresas, principalmente, están viendo mermadas sus economías". Otro argumento empleado por el Gobierno es el "principio de necesidad y de proporcionalidad", dos criterios que consideran reconocidos tanto por el derecho nacional como por el comunitario. La Abogacía del Estado ha participado en el blindaje del real decreto-ley.
Las eléctricas, de hecho, ya protagonizaron este martes un primer movimiento y, sin conocer el contenido del real decreto-ley, ya avisaron de un parón nuclear. Lo hicieron a través de un comunicado emitido por el Foro Nuclear, el principal representante de la industria atómica, donde se podía leer que las medidas en ciernes no deben "aplicarse sobre la energía nuclear". La decisión, argumentan, "ahonda aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear". Además, el Estado acaba de ser condenado a devolver el llamado 'canon hidráulico' que el Gobierno Rajoy impuso a las eléctricas para gravar el uso de aguas: más de 1.400 millones.
El Gobierno sigue manteniendo negociaciones con la Comisión Europea para intentar forzar una reforma comunitaria del mercado eléctrico que evite situaciones como las actuales. La vicepresidenta tercera ya envió una carta al vicepresidente Timmermans reclamándole, por un lado, "una asignación eficiente de recursos y la generación de señales de precios adecuada" y, por otro, "una justa y equitativa distribución de los beneficios asociados a la transformación del mix de generación". Esta vía, sin embargo, no tendrá avances en el corto y medio plazo y por eso el Gobierno ha dado este paso con el 'decreto Ribera'.
Un real decreto-ley, por cierto, que ha provocado también roces internos en la coalición a la hora de comunicar el contenido y, especialmente, de atribuirse la autoría de las decisiones. Unidas Podemos salió en tromba el mismo lunes, tras el anuncio de Sánchez, para presumir de los movimientos, pero la propia Ribera ha sido quien ha capitaneado toda la estrategia, escondiendo incluso a sus socios, hasta última hora, las medidas.
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