La revelación del supuesto espionaje al entorno más cercano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recrudecido la guerra interna en el PP con cruces de acusaciones entre el líder del partido, Pablo Casado, y la propia mandataria regional, y el anuncio de posibles acciones legales. A ello se han sumado los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid (PSOE, Podemos y Más Madrid), que han solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que investigue si el contrato en el que intervino el hermano de la dirigente madrileña para la adquisición de mascarillas en uno de los momentos más duros de la pandemia de la covid-19 se cometieron delitos de prevaricación, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos.
Fuentes jurídicas consultadas por La Información advierten de que para poder atribuir estos delitos a una persona, en este caso un cargo público, se necesitan "pruebas sólidas" que acrediten que la presidenta de Madrid "ordenó" la adjudicación a dedo de dicho contrato, o lo "permitió a sabiendas de que se estaban cometiendo ciertas irregularidades". En este sentido, apuntan que es cierto que si existen sospechas, las mismas se deben poner en conocimiento de los tribunales, que son los órganos encargados de hacer un primer examen sobre la existencia de indicios y los que deben investigar si realmente se cometió un delito.
Hasta el momento, todas las denuncias han llegado a Anticorrupción, que hará una primera valoración de los hechos antes de decidir si es necesario incoar diligencias de investigación. En caso de que el Ministerio Público considere que las conductas analizadas podrían ser ilícitas, posteriormente podría presentar una querella ante el tribunal competente para judicializar el asunto, según han explicado fuentes fiscales.
En los últimos días se ha desvelado que el entorno más cercano a Casado habría tanteado a detectives privados para conseguir información comprometedora sobre la supuesta comisión que Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, habría recibido por intermediar en un contrato de 1,5 millones de euros que el Gobierno regional adjudicó en abril de 2020 -en pleno confinamiento- a Priviet Sportive SL, sociedad administrada por Daniel Alcázar Barranco, residente en Sotillo de la Adrada (Ávila), pueblo en el que veranea la familia Ayuso.
Mientras que desde Génova -calle madrileña en la que se encuentra la sede del PP nacional- se apuntaba que la comisión en cuestión era de 280.000 euros por mediar en dicho contrato; Ayuso ha emitido un comunicado este viernes en el que ha cifrado la cantidad que percibió su hermano en 55.850 euros. Asimismo, ha aclarado que este cobro no fue en concepto de comisión, sino por las gestiones que realizó para conseguir las mascarillas FFP2 y FPP3 en el mercado chino. Con ello, la dirigente 'popular' ha asegurado que dicha intermediación es totalmente legal.
Cómo intervino Ayuso
Los juristas consultados por este asunto destacan que las comisiones no son ilegales. Lo que se considera una conducta ilícita es el dinero que se obtiene a raíz de "inflar contratos para obtener más beneficios" o el que se paga "en negro, ya que no queda declarado a Hacienda", apostillan. En este sentido, los expertos señalan que para atribuir a Ayuso responsabilidad o participación en dicha actuación presuntamente irregular, se tendría que demostrar con pruebas que dio "instrucciones para conceder directamente la licitación" de la adquisición de material sanitario a la empresa de Alcázar Barranco, al tiempo que se debe acreditar que "tenía la intención de favorecer a su hermano o que conocía que el objetivo de éste era supuestamente beneficiarse".
En resumen, la intervención que tuvo la presidenta regional en este contrato es la clave para decidir si se abre una investigación, al menos, por los presuntos delitos de prevaricación o tráfico de influencias. Así, para poder imputar un delito de malversación de caudales públicos, los indicios deben apuntar que las arcas públicas se vieron perjudicadas con dicha adjudicación directa. Sobre este punto concreto, las fuentes jurídicas señalan que los contratos que se realizan por el trámite de urgencia evitan la convocatoria de concurso público, si bien recalcan que para ello hay que justificar que la situación requiere eludir todos los procedimientos, como puede ser la escasez de mascarillas que existía en ese momento en España, y en este caso concreto Madrid.
Los contratos que se realizan por el trámite de urgencia evitan la convocatoria de concurso público, si bien es necesario justificar que la situación requiere eludir todos los procedimientos.
De hecho, este mismo viernes, el Tribunal de Cuentas ha hecho público un informe de fiscalización de los contratos de emergencia que realizaron 13 administraciones públicas en 2020 para la gestión de crisis sanitaria provocada por la covid-19, en el que destaca que la mayoría de ellas no comprobaron la solvencia económica, financiera y técnica y capacidad de las empresas adjudicatarias para poder celebrar los contratos. Es más, subraya que algunas de las empresas no se dedicaban al objeto de la licitación, aunque los servicios siempre fueron realizados. En este sentido, el órgano fiscalizador advierte de que estas situaciones no se deben alcanzar a no ser que "la emergencia sea tal que impida de hecho realizar el más mínimo trámite antes de iniciar la actividad contratada".
Ayuso declaró este mismo jueves, tras conocerse las publicaciones sobre el supuesto espionaje, que tuvo conocimiento de este contrato en septiembre de 2021 en una reunión con Casado para "hablar de la situación del partido y del congreso" y que el líder del PP le confesó sus sospechas sobre la legalidad de la adjudicación. Para aclarar la situación, la presidenta de la administración madrileña explicó que llamó a su hermano -del que resaltó que llevaba "26 años" trabajando como comercial en el sector sanitario- para preguntarle sobre el asunto, y que éste le aseguró que todo "era completamente legal", "que todo está regulado ante Hacienda" y "fiscalizado por la Intervención General". Según los expertos consultados por este diario, en caso de llegar a una investigación judicial, esta "transparencia" ayudaría a despejar cualquier sombra de duda.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios