El dilema de Rivera: 'Ciudadanos' apura la decisión de a quién apoyar en la Comunidad de Madrid

En pleno proceso de negociaciones para decidir el color de los Gobiernos autonómicos, la Comunidad de Madrid será la primera en abrir, mañana, la constitución de su Parlamento. La designación de los siete miembros de la Mesa- el órgano de gobierno del Parlamento regional-romperá por primera vez la hegemonía que gozaba el PP y configura un escenario de multipartidismo que tendrá su reflejo, después, en la Cámara autonómica.

En este órgano están representados todos los grupos políticos en relación a sus votos, lo que supondría a priori que Ciudadanos no contase con representación. La tendrá, gracias al asiento que le cederán los 'populares'. Un gesto del que se ha sacado una rápida lectura, sobre todo en filas socialistas: el de allanarle la investidura a Cristina Cifuentes.

Aunque en las elecciones del 24-M los de Rivera quedaron en cuarto lugar, sus 17 escaños tienen mayor valor estratégico que los 27 de Podemos: tienen la llave para que los populares, con 48, conserven la Comunidad de Madrid, o, por el contrario, se abra paso a un gobierno de izquierdas dirigido por el candidato socialista, Ángel Gabilondo. En semanas de negociaciones apretadas, en una Comunidad precisamente poco acostumbrada a buscar el acuerdo, los conservadores podrían dar por perdidos 20 años de gobierno si los de Rivera les niegan finalmente su apoyo.

El dilema que se le presenta al presidente del partido 'naranja' no es cuestión menor, entendiendo que la Comunidad de Madrid reviste de un especial interés de cara a las próximas generales. Y esa decisión divide al propio partido: tanto Gabilondo como Cifuentes son candidatos "moderados" dentro de sus correspondientes filas, cierto 'alivio' para el partido de Rivera en la ansiada conquista de la "centralidad".

El primero reviste además de un carácter de "intelectual" que no disgusta a los 'naranjas' y una imagen limpia y desvinculada de escándalos del partido. La segunda, se ha desmarcado de algunas de las propuestas más polémicas del Gobierno, como la ley del aborto, y es conocido su talante más progresista.

Los apoyos se calibran también en términos de coste electoral: apoyar a Gabilondo en detrimento de Cifuentes, explican fuentes del partido contrarias al pacto con el socialista, podría arrastrar la pérdida del electorado del PP que en estas pasadas elecciones apostó por Ciudadanos y que, pese al descontento, no están tampoco dispuestos a permitir que su voto sirva para un gobierno del PSOE. Lo contrario, apoyar al PP, también tiene sus evidentes riesgos.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se reunió el pasado martes con Rivera para tratar de convencerlo del apoyo a su candidato, insistiendo precisamente en ese peaje demasiado "costoso" para el partido naranja. Otros dirigentes socialistas han tratado también de marcar esa senda a la formación emergente, como el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, quien ese mismo día afeó cualquier respaldo a la candidata del PP. El que respalde al partido "epicentro de la corrupción" dijo, tendría que dar "muchas explicaciones a los ciudadanos madrileños".

No hay duda de que para Sánchez, lograr el respaldo a Gabilondo supondría anotarse un 'tanto' político nada despreciable: él fue su candidato, por encima de Tomás Gómez, cesado de forma fulminante en pleno escándalo por la investigación juricial al sobrecoste del tranvía de Parla (añadida a cuestiones de liderazgo interno). Asegurarse la Comunidad de Madrid significaría también reforzar su propia autoridad y car un golpe en la mesa ante aquellos que estimaban que su decisión de entonces era equivocada.Corrupción, "línea roja"

Por su parte, Cristina Cifuentes ha visto encarado en las últimas semanas un proceso de investidura que preveía aparentemente fácil. La imputación, y posterior dimisión, de dos consejeros, Lucía Figar y Salvador Victoria, en el marco de la 'Operación Púnica' fue la puntilla de la semana pasada, conocido días antes que su número siete, Álvaro Ballarín, llevaba imputado desde enero por prevaricación y falsedad documental. El caso fue archivado poco después de saltar a la luz pública, y a instancias del querellante. Pero provocó una revolución en el camino a la presidencia madrileña: Cifuentes, que negó tener conocimiento previo de la situación, se reunió con Ballarín poco después de conocerse la noticia para instarle a renunciar al acta si la imputación se sostenía. Ciudadanos supeditó de inmediato las negociaciones a que Ballarín saliese de la lista.

Tampoco bastó al partido de Rivera la dimisión de los diputados, ambos muy explícitos en su marcha: Nos vamos para facilitar el pacto, dijeron. El presidente de Ciudadanos se felicitó por la renuncia: "Algo está cambiando en España con la llegada de Ciudadanos cuando el PP se ve obligado a la dimisión de sus imputados por corrupción", afirmó atribuyéndose directamente las dos renuncias, insistiendo también en que su partido está en el "no a la investidura". La dirección del partido, que ha convertido la lucha contra la corrupción en línea roja inexcusable para iniciar cualquier acuerdo, aseguró no conformarse con el gesto de los populares.

En este tiempo, Cifuentes ha tratado de convencer a Rivera y los suyos de su compromiso con la "limpieza" política: en campaña prometió ya su postura "inflexible" contra la lacra, con medidas como la creación de un Portal de Transparencia, la reducción de diputados o la eliminación del aforamiento, medidas en las que coincide con Ciudadanos.

Tras su primer encuentro, la semana pasada, entre Cifuentes y el líder del partido naranja en la Comunidad, Ignacio Aguado,éste supeditó cualquier apoyo a la firma de un pacto contra la corrupción innegociable que, entre otros, contempla una limitación de dos legislaturas como tiempo máximo de permanencia para los cargos públicos, la reducción de un 25% en el número de direcciones generales, la supresión de viceconsejerías o, lo que es sin duda una de las medidas que genera más malestar en filas 'populares': la limitación del acceso a la Cámara de Cuentas y el Consejo Consultivo para evitar "dedazos". La medida supone que Alberto Ruiz Gallardón-o el expresidente socialista Joaquín Leguina-queden fuera. También disgusta a Cifuentes la imposición legal que obligue a los partidos a celebrar primarias. No es contraria a ellas, pero no por imperativo, lo que supondría numerosos cambios legales. Con respecto al PSOE, la formación de Rivera desconfía, sobre todo, de sus propuestas económicas y en especial, en materia fiscal.

Ciudadanos ha mostrado mano firme en sus exigencias, como demuestra que en las últimas horas haya dado por rotas las negociaciones con el PP de la Comunidad murciana hasta que no dimitan varios de sus cargos imputados: Joaquín Bascuñana, delegado del Gobierno en la Comunidad;Miguel Ángel Cámara, secretario general del partido y exalcalde de Murcia; y otros miembros. Los populares necesitan de la abstención del partido naranja para que Pedro Antonio Sánchez siga al frente de un Gobierno que el PP dirige desde hace dos décadas. La formación de Rivera ha virado en este caso a un posible acuerdo con PSOE y Podemos.

En Andalucía, Ciudadanos podría permitir finalmente un gobierno de Susana Díaz, una vez que la presidenta en funciones, Susana Díaz, se ha comprometido a pedir el acta a Manuel Chaves y José Antonio Griñán si se mantiene su imputación. El gesto ha sido interpretado como un avance importante para el partido, convencido en que es mejor asegurar la gobernabilidad que insistir en los bloqueos.