El director de Carreteras de la Junta declara hora y media por el caso Gürtel

Burgos, 12 dic.- El director general de Carreteras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís, ha declarado hoy durante hora y media ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en relación con la adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León) en 2002.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León instruye esta causa por el posible cobro de comisiones a cambio del la adjudicación, relacionada con la trama Gürtel.

Solís, que igual que el resto de 17 personas citadas en la instrucción de este asunto ha declarado en calidad de imputado, ha sido el último de los declarantes de este asunto de una cierta relevancia pública, aunque esta misma mañana ha prestado declaración otro funcionario del gobierno regional y en los próximos días prestarán declaración ante el instructor otros seis.

Se trata de varios funcionarios de la Junta de Castilla y León que eran miembros de la mesa de contratación del Gobierno regional en la época de los hechos presuntamente ilegales que se intentan aclarar.

Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción, las obras de la variante de Olleros de Alba fueron adjudicadas por algo menos de 3 millones de euros a la empresa Teconsa, supuestamente a cambio de una comisión a Francisco Correa, quien a su vez la habría repartido con el entonces consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, y con otros destacados miembros del PP, como los exparlamentarios Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote.

Todos ellos han declarado ya como imputados en la instrucción de este asunto en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL).

Las declaraciones de los 17 imputados ante el magistrado del TSJCYL que instruye este asunto comenzaron el 22 de noviembre, aunque durante la pasada semana se abrió un paréntesis que ha terminado hoy con la declaración de Solís.

En el auto emitido por el magistrado instructor el 2 de noviembre se apunta que la adjudicación de las obras de la variante en 2002 a la empresa Teconsa podría ser constitutiva de delitos de cohecho y prevaricación.

En un auto del tribunal castellanoleonés, al que ha tenido acceso Efe, se ordena a la Policía y a la Guardia Civil que practiquen una investigación entre las empresas que optaron en su día a la adjudicación para averiguar el grado de conocimiento que tenían sobre la "mediación de comisiones ilegales y concurrencia de irregularidades en su tramitación y resolución".

También se pide un informe a la Intervención General de la Administración del Estado sobre la "similitud o singularidad" del procedimiento seguido para la adjudicación de la variante de Olleros del Alba respecto de otras realizadas también por la propia Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León en esa época.

Con todo este material, el instructor deberá optar por archivar el asunto, en el caso de que considere que no hay material probatorio suficiente para continuar con el procedimiento; decretar la apertura de vista oral, si estima que hay indicios o pruebas suficientes, o remitir el asunto a una instancia judicial superior, si entiende que los hechos pueden formar parte de una trama más amplia que no se puede separar.