Madrid.- La defensa del doctor Luis Montes ha presentado hoy ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo, que rechazó la reclamación del facultativo y otros 39 médicos del hospital Severo Ochoa, que pedían una indemnización por los daños sufridos debido al 'caso Leganés'.
Montes alega que la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva al desestimar el pasado 9 de marzo el recurso de los médicos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que en mayo rechazó su pretensión de ser indemnizados.
En concreto, la demanda de amparo, a la que ha tenido acceso Efe, sostiene que las resoluciones judiciales impugnadas "no han dado una respuesta razonada y fundada en Derecho a las pretensiones" de los recurrentes, lo que ha provocado indefensión y vulneración del derecho a la tutela judicial protegido en la Constitución.
El doctor Montes reclamó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 7,5 millones de euros, pero el TSJ madrileño desestimó la responsabilidad patrimonial de la Administración regional por los daños y perjuicios causados por la actuación de las autoridades y personal al servicio de la misma.
El médico pidió daños y perjuicios después de que la Audiencia Provincial de Madrid ratificara el archivo de las actuaciones por las presuntas sedaciones irregulares investigadas en el hospital Severo Ochoa de Leganés.
En su reclamación, el excoordinador de Urgencias del Severo Ochoa y los otros médicos del hospital aseguraban que el caso había producido "no sólo una sensación de enorme miedo, desconfianza y alarma social en los ciudadanos sino también un daño en la dignidad, honor y buen nombre" de éstos.
El Supremo, sin embargo, respaldó al TSJ de Madrid al considerar justificada la investigación que la administración sanitaria llevó a cabo sobre las sedaciones que se realizaron en el hospital, y consideró que la denegación de determinadas pruebas solicitadas por los médicos no vulneró su derecho de defensa.
No obstante, en su recurso de amparo Montes insiste ante el Tribunal Constitucional en que las periciales propuestas no resultaban innecesarias, sino que servían para proporcionar al tribunal los criterios necesarios para cuantificar la indemnización reclamada.
La prueba rechazada, según los recurrentes, habría permitido acreditar que en 2005 y durante más de cuatro meses la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, concretamente a través de su máximo responsable, Manuel Lamela, "permitió, fomentó y no impidió, intencionadamente o de forma imprudente" que llegara a la opinión pública el contenido de una denuncia anónima sobre supuestas sedaciones excesivas o irregulares.
Además denuncian que tampoco impidió o, incluso, propició que trascendieran a la opinión pública las actuaciones adoptadas por la consejería, "otorgando, de esta manera, fiabilidad y credibilidad al contenido de tal denuncia anónima", provocando un "escándalo mediático" y "generando una alarma social de todo punto innecesaria".
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