Solo cuatro de cada diez jóvenes europeos que ni estudian ni trabajan, los llamados "ninis", han accedido al sistema de garantía juvenil ideado para ofrecerles oportunidades de empleo y formación. Es un drama social, personal y también económico. Le desvinculación de estos jóvenes del mercado laboral supone unos costes para la UE de 153.000 millones.
En un informe recientemente aprobado, la Eurocámara muestra su preocupación por la desconexión de los "ninis" y critica la complejidad de los programas actuales, muchos de los cuales "no ofrecen una remuneración ni condiciones de trabajo dignos", lo que justifica que sólo el 41,9 % de los "ninis" haya accedido al sistema de garantía juvenil.
No son solo palabras. El informe recuerda que, mediante la garantía juvenil, los Estados miembros se comprometen a garantizar que todos los jóvenes menores de 25 años (o hasta los 30 en algunos países) reciben una buena oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses después de acabar la educación formal. La inversión anual necesaria para la aplicación de la garantía juvenil asciende a 50.400 millones de euros.
Así, la Eurocámara pide a los Estados miembros que en los próximos tres años centren la atención en este colectivo, comprometiendo una partida en sus presupuestos nacionales y determinando su población, para poder inscribirlos y hacer un seguimiento de los que abandonan los programas de garantía juvenil.
El informe destaca que los "ninis" forman un grupo heterogéneo y diverso, sobre el que son necesarias estrategias con soluciones personalizadas teniendo en cuenta la región y mediante una colaboración más estrecha con las patronales.
Por ello, ha pedido a los Estados miembros que diseñen un itinerario individual para cada candidato, proporcionando a los servicios públicos de empleo nacionales la flexibilidad que necesitan para ajustar los modelos de elaboración de los perfiles.
A menor edad y formación, más complicado salir
El documento constata que, a menor edad y formación, mayor es la tasa de desempleo juvenil, una tendencia que se ha acentuado con la crisis.
En este sentido, aunque la Eurocámara valora el descenso del desempleo juvenil en los cuatro años de aplicación de la garantía juvenil, lamenta que en muchos casos responde a que los jóvenes se han visto obligados a buscar empleo fuera de la Unión.
Más de 14 millones de jóvenes han participado en alguno de los programas de garantía juvenil desde 2013, periodo en el que la tasa de desempleo de este colectivo se ha reducido en más de 7 puntos, hasta el 16,6% en abril de este año.
Este recorte implica que cerca de 2 millones de jóvenes han dejado de estar desempleados, dice el Parlamento, si bien "una grandísima parte de este descenso se debe a que muchos jóvenes se han visto obligados a buscar empleo fuera de la Unión".
En España hay un 21,2% de ninis
Más del 10% de la población activa en España lleva más de dos años
sin empleo y la mayoría de estas personas no tienen más estudios que la educación obligatoria.
El número de jóvenes que no estudian ni trabajan en España ha subido un 8% en 10 años y ya es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido en la última década el número de jóvenes entre los 20 y los 24 años que ni estudian ni trabajan, según datos de Eurostat.
El porcentaje de jóvenes que carecen de empleo y tampoco se forman es del 21,2% en España, siendo el octavo país comunitario donde hay más tasa de ‘ninis’. A esto hay que añadir que el desempleo juvenil en el país ronda el 43%, situándose en el “podio de la vergüenza” de los países europeos con mayor precarización de los jóvenes, según el Consejo de la Juventud.
El informe de los expertos de Fedea titulado El legado de la crisis: El mercado de trabajo español y las secuelas de la
gran recesión destaca la falta de instituciones adecuadas para hacer frente a este problema.
Los Servicios Públicos de Empleo en España (SEPE), señalan, están infradotados de recursos humanos y juegan un papel residual como intermediarios en el mercado laboral. El nuevo programa de ayuda a desempleados de larga duración con responsabilidades familiares (Programa de Activación Para El Empleo) incluye el compromiso de un tutor personal que se encarga del diseño de un itinerario individual. Del mismo modo, en el ámbito de la Garantía Juvenil, el gobierno se ha comprometido a ofrecer asistencia a las personas jóvenes que han estado sin trabajo durante más de cuatro meses desde que salieron del sistema educativo.
Pero hay que hacer más. Desde Fedea se aconseja el uso de los servicios de agencias privadas de colocación. El fundamento jurídico para la colaboración público-privada entre los SPE autonómicos y agencias
de colocación privadas "fue creado en 2010, pero cinco años más tarde aún se tienen que materializar las primeras asignaciones de parados a agencias privadas dentro del plan marco acordado en 2013".
No es un asunto menor porque los intermediarios privados son expertos en la colocación de los trabajadores y, al contrario que los SPE, podrán ser recompensados en función de sus resultados. El pago por resultados, señala el informe, reduce los riesgos financieros asociados a una intensificación de los servicios dirigidos a los desempleados de larga duración.
Además, dicen los expertos, la competencia entre las agencias privadas y el diseño apropiado de los incentivos económicos pueden ayudar a mejorar la calidad de los servicios. En paralelo a las medidas para mejorar la intermediación laboral, se deben fortalecer también los incentivos fiscales para la contratación de desempleados de larga duración
El IEJ, otro plan para las zonas más deprimidas
Otro programa puesto en marcha por la UE, la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), persigue ayudar a los jóvenes "ninis", jóvenes desempleados de larga duración o jóvenes que no estén inscritos como solicitantes de empleo y que residan en zonas cuya tasa de paro juvenil fuera superior al 25% en 2012. El presupuesto de la IEJ para 2014-2020 asciende a 6.400 millones, entre los que se incluyen 3.200 millones de la nueva línea presupuestaria que deben ser completados con otros 3.200 millones de asignaciones nacionales en el marco del Fondo Social Europeo.
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