El estado autonómico: ¿Hay café para todos?

  • El 22 de noviembre de 1975 don Juan Carlos, recién proclamado rey, reconoció las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de España. Comenzó entonces un largo proceso que culminó con el llamado "café para todos", ahora más cuestionado que nunca ante la crisis económica.

Sagrario Ortega y Antonio Ruiz Valdivia

Madrid, 14 abr.- El 22 de noviembre de 1975 don Juan Carlos, recién proclamado rey, reconoció las peculiaridades regionales como expresión de la diversidad de España. Comenzó entonces un largo proceso que culminó con el llamado "café para todos", ahora más cuestionado que nunca ante la crisis económica.

¿Son las comunidades autónomas las culpables del excesivo déficit de España? ¿En una situación como la actual, deberían devolver competencias al Estado para que éste se haga cargo de los servicios básicos a los ciudadanos? ¿Son todas las comunidades iguales? o como dice el presidente catalán, Artur Mas, ¿son la mayoría 'artificiales'?.

Esta y otras preguntas han surgido especialmente en los dos últimos años en un debate que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reabierto esta semana al plantear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la devolución al Estado de las competencias en Sanidad, Educación y Justicia para ahorrar 48.000 millones.

No ha logrado Aguirre apoyos -al menos públicos- a su propuesta, ni siquiera de sus homólogos regionales del PP, aunque el debate sobre el Estado autonómico está servido. Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí?.

LOS ORÍGENES QUE TRUNCÓ LA GUERRA CIVIL

En 1932 Cataluña consigue su autonomía. El País Vasco sigue sus pasos y en octubre de 1936 aprueba su Estatuto, pero la guerra civil truncó este proceso, que se retomó 41 años más tarde, en 1977, cuando se restableció provisionalmente la Generalitat de Cataluña bajo la presidencia de Josep Tarradellas y, meses más tarde, se estableció el régimen preautonómico para Euskadi.

El Estado Autonómico tiene como pilar básico el Título VIII de la Constitución de 1978, que consagra el actual modelo de organización territorial de España.

A partir de ese momento, comenzó una etapa que duró diez años para perfilar el mapa autonómico, que quedó constituido por 17 nacionalidades y regiones, más dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.

La Carta Magna dejó claro el particular régimen foral de País Vasco y Navarra, recogido en la disposición adicional primera para respetar los derechos de estos territorios y su especial relación financiera con el Estado.

VÍAS PARA ALCANZAR EL AUTOGOBIERNO

No todas las comunidades han conseguido su actual nivel de autogobierno a la misma velocidad. La propia Constitución estableció diferentes caminos y a través de la denominada "vía rápida" se constituyeron antes en autonomías las comunidades "históricas", que lógicamente asumieron en menos tiempo sus primeras competencias.

País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía conforman este grupo, que se caracteriza también por celebrar sus comicios regionales de manera separada al resto.

Las otras 13 comunidades accedieron a la autonomía por el artículo 143 de la ley de leyes, es decir, por la "vía lenta". Y sus representantes son elegidos en la misma cita electoral.

La democracia ha vivido importantes pactos autonómicos que han desembocado en un traspaso de competencias desde la Administración General hacia las autonomías.

Así, desde 1979 hasta ahora se han producido 1.978 traspasos, con un coste de 25.178 millones de euros y una transferencia de 821.357 funcionarios, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

¿QUÉ GESTIONA SU COMUNIDAD?

Prácticamente todos los servicios públicos básicos son gestionados por las autonomías, entre ellos, la Sanidad y la Educación, las principales columnas del Estado del Bienestar.

Desde los centros de salud hasta los grandes hospitales. Desde la guardería hasta la universidad. Desde el juzgado de paz hasta el Tribunal Superior de Justicia. Casi todo está en manos de las comunidades.

¿Qué le queda a la Administración General? La defensa, la política exterior, el sistema monetario, extranjería o la legislación laboral, son algunas de las competencias exclusivas que atribuye la Constitución al Estado, encargado también de fijar las pensiones o el salario mínimo interprofesional.

La propia Carta Magna abrió la posibilidad de que, transcurridos cinco años y mediante reformas estatutarias, las comunidades ampliaran su abanico de competencias, lo que ha llevado a una ola de nuevo Estatutos, en los que hasta Andalucía se arrogó la competencia sobre el flamenco y Cataluña de su litoral.

Pero no todas las competencias son reclamadas de la misma manera por las autonomías. Por ejemplo, solo Cataluña se atreve a gestionar las cárceles.

También en esta comunidad cuentan con una policía integral propia, los Mossos d'Esquadra, una situación que sólo se repite en el País Vasco, con la Ertzaintza, y en Navarra, con la Policía Foral.

¿CÓMO SE FINANCIAN LAS AUTONOMÍAS?

Para prestar todos estos servicios, las autonomías cuentan con un sistema de financiación propio, acordado en las Cortes Generales tras su discusión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y cuya última revisión se realizó en 2009.

Existen dos modelos de financiación autonómica: la común y la foral. Esta última solo para Navarra y País Vasco, que recaudan directamente los impuestos y tienen capacidad normativa sobre ellos, aunque acuerdan luego con el Gobierno central la cantidad que deben aportar a las arcas estatales por los servicios que no prestan, como la Defensa y la política exterior.

Las otras 15 comunidades se financian a través del régimen común, pero en el caso de Canarias se complementa con un régimen económico-fiscal especial, propio de su acervo histórico y basado en la libertad comercial de importación y exportación, no aplicación de monopolios y en franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo.

El régimen común se base en los tributos cedidos por el Estado (como el 50% del IRPF y del IVA y el 58% de los especiales), impuestos propios y diversos fondos (competitividad, garantía de servicios públicos fundamentales, de convergencia, suficiencia global y cooperación), así como del fondo de compensación interterritorial para las autonomías con menor renta.

Las comunidades autónomas gestionan un presupuesto conjunto anual de unos 180.000 millones de euros, que se ha rebajado progresivamente en los últimos años debido a la crisis.

A pesar de su juventud, el modelo no ha estado exento de crítica. Algunas comunidades han pedido su reforma, como Murcia y Castilla y León, y otras van más lejos y reivindican, como Cataluña, un pacto fiscal que les asimile al País Vasco al considerar que su aportación al conjunto es muy superior a lo que reciben, con una balanza negativa de unos 16.000 millones.

LAS CUENTAS AUTONÓMICAS

Con todo, las cuentas no les cuadran porque gastan más de lo que ingresan, como el resto de administraciones. En concreto, en 2011 las comunidades se gastaron 31.541 millones de euros más de lo que ingresaron, lo que supuso un déficit del 2,94% del PIB, 1,6 puntos más de lo exigido para cumplir el objetivo marcado por la Unión Europea (1,3%).

Para hacer frente a sus obligaciones, las comunidades acuden al mercado y deben, según los últimos datos del Banco de España, 140.083 millones de euros, el máximo histórico en términos de PIB (13,1%).

Esta situación crítica de muchas comunidades ha llevado a poner en entredicho la solvencia del Estado autonómico, tachado por algunos de despilfarrador y culpable en parte de la situación de inestabilidad económica.

Unas acusaciones de las que se defienden con uñas y dientes los responsables autonómicos, que alegan casi de forma unánime lo siguiente: el modelo territorial ha sido la palanca del éxito de España en los últimos 30 años.

MENOS CAFÉ PARA LOS MISMOS COMENSALES

El Estado de las Autonomías afronta ahora una nueva etapa basada en una mayor coordinación y en ajustes para evitar las duplicidades, uno de los objetivos prioritarios de Rajoy que ha repetido la máxima de "una administración, una competencia".

Una de las últimas medidas aprobadas, dentro de la ley de estabilidad presupuestaria que desarrolla la reforma de la Constitución, establece que a partir de 2020 las administraciones deberán cumplir la regla del "déficit cero".

Pero antes de esta fecha, las comunidades tienen que enfrentarse a importantes retos de gestión. El primero: el ajuste de 10.000 millones de euros en Sanidad y Educación previsto por el Gobierno.

Los comensales siguen siendo 17, pero el café es cada vez más escaso.

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