El Estado peruano se defenderá en denuncia por violación de DD.HH.

Lima, 23 feb.- El ministro de Justicia de Perú, Juan Jiménez, afirmó hoy que el Estado está preparado para enfrentarse al juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta ejecución de un terrorista tras la liberación de la embajada japonesa en 1997.

"Estamos listos para afrontar el caso, tenemos las herramientas jurídicas, tenemos las pruebas, la posibilidad de garantizar un juicio donde el Perú va a defenderse y va a postular principios importantes de defensa de los comandos de Chavín de Huántar", afirmó Jiménez en una rueda de prensa.

En 1997 el Comando Chavín de Huántar, integrado por 140 militares, liberó a 71 rehenes que permanecían cautivos alrededor de cuatro meses en la residencia del embajador japonés en Lima por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, en una operación donde todos los subversivos fallecieron.

Según la denuncia recogida por la Corte IDH, al menos uno de los catorce subversivos fue ejecutado cuando ya se encontraba en custodia de los militares.

El agente peruano ante la Corte IDH para el caso Comando Chavín de Huántar, el abogado Pedro Cateriano, también presente en la rueda de prensa, señaló que no revelará la estrategia del Estado y dijo que el equipo que lidera trabajará durante dos meses para la contestación de la demanda.

El abogado indicó que durante el proceso el presidente en ejercicio de la Corte será el juez Manuel Ventura, en reemplazo del titular Diego García Sayán, quien está impedido de participar en el caso por su condición de peruano.

"Porque consideramos que fue un operativo militar ejemplar hemos asumido esta defensa que involucra a todos los peruanos. Vamos a defender como Estado a los comandos de Chavín de Huántar, que con su sacrificio defendieron los intereses nacionales", enfatizó Cateriano.

Aunque el Estado peruano ha asumido el caso como una defensa de los comandos Chavín de Huántar, defensores de Derechos Humanos han reiterado en múltiples ocasiones que la acusación va dirigida contra un equipo del Servicio de Inteligencia Nacional, a cargo de Vladimiro Montesinos, que intervino después de la operación militar.