Barcelona.- Un vecino que tiene tres locales comerciales en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha denunciado al ex alcalde Bartomeu Muñoz (PCS), imputado en el caso Pretoria, por acoso inmobiliario con tintes racistas, ya que mandaba a la policía local siempre que tenían lugar celebraciones con inmigrantes o gitanos.
Este vecino, José Enrique L.A., que tiene tres locales que ocupan 3.000 metros cuadrados en el barrio de Fondo de Santa Coloma, declaró como testigo ante la Guardia Civil poco después de la detención de Muñoz para que aclarara las denuncias que había presentado contra el ex alcalde.
En su declaración ante los agentes, que figura en el extenso sumario del caso Pretoria, este vecino afirma ser víctima de acoso inmobiliario con tintes racistas por parte del ex alcalde Bartomeu Muñoz, así como por otro de los imputados en la trama, el ex concejal de Urbanismo Manuel Dobarco, y la ex segunda teniente de alcalde Carmen Moraira, cuyo nombre se barajó para sustituir al alcalde y que dimitió poco después de que fuera elegida alcaldesa Nuria Parlón.
Según la denuncia, estos tres ex altos responsables municipales mandaron en innumerables ocasiones a la policía local a sus establecimientos con el fin de que se hartaran de la presión, para así poder obtener la titularidad de los locales a bajo precio, situados en el denominado "ChinaTown" de Cataluña, y poderlos recalificar, entregando "al mejor postor" un nuevo proyecto urbanístico.
El supuesto acoso se inició en mayo de 2007, cuando Moraira y Dobarco, así como el ex gerente de Gramepark Manuel Sierra, se dirigieron a la zona para estudiar los locales comerciales para hacerles una oferta de compra.
Posteriormente, sin recibir ningún tipo de noticia ni positiva ni negativa por parte del consistorio, el denunciante recibió una resolución en la que les exigían que subsanaran en el plazo de un mes una medida varias deficiencias técnicas detectadas en los locales.
El propietario logró reunirse con Dobarco en septiembre y éste, según su versión, le afeó que celebraran "bodas de gitanos" en sus locales y le amenazó con frases como: "no descansaré hasta echarte de Santa Coloma" y "te enviaré diariamente a la policía local".
A partir de entonces, desde octubre de 2007, recibieron más de treinta visitas de agentes de la policía local, a diferentes horas del día, cuando celebraban comuniones, bautizos o banquetes, especialmente con personas de origen inmigrante.
Entre esas "visitas" figuran irrupciones de la policía en eventos como una "puesta de largo" de una menor peruana, un programa de radio de una emisora latina, el banquete de una boda de una pareja boliviana o actos con miembros de la etnia gitana.
Paralelamente, les impusieron una serie de medidas cautelares, como el cierre al público de parte de la superficie de sus locales y limitaciones horarias.
El dueño de los locales acometió obras de insonorización y mejoras por valor de 300 euros, para adecuarse a los requisitos del consistorio, que no obstante no visitó los locales para comprobar las mejoras.
Por este motivo, presentaron una batería de denuncias contra el alcalde y los dos concejales, al considerar que, bajo la apariencia de un expediente administrativo, cometieron los delitos de cohecho, prevaricación, acoso y falsedad documental, además con tintes racistas.
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