El ex fiscal general británico niega que el Gobierno de Blair le presionara para autorizar la guerra de Irak

Londres.- El ex fiscal general del Estado británico Peter Goldsmith negó hoy que cediera a las presiones del Gobierno de Tony Blair en las semanas anteriores a la guerra de Irak para que diera el visto bueno a la invasión desde un punto de vista legal.

En su declaración ante la comisión que investiga el conflicto, Goldsmith reconoció que cambió de idea sobre la legalidad de la guerra sólo un mes antes de que se lanzase la operación militar en marzo de 2003, ya que hasta entonces defendió la necesidad de tener una resolución específica del Consejo de Seguridad de la ONU.

En el mes de febrero de aquel año, Goldsmith llegó a la conclusión de que el uso de la fuerza se podía justificar legalmente en virtud de resoluciones que databan de la Guerra del Golfo de 1991 y que por esa razón dio la "luz verde" que esperaba el Ejecutivo.

El ex fiscal consideró que su postura inicial había sido "demasiado cauta" al comunicar al Gobierno que sería "más seguro" tener una nueva resolución que "no dejara lugar a la duda" y que permitiera "que nadie cuestionara la legalidad" de la invasión.

Según explicó, cambió de opinión después de hablar con expertos legales en Estados Unidos y llegó a la conclusión de que el incumplimiento por parte del régimen de Sadam Husein de la resolución 1441 era suficiente para revestir de legalidad la guerra.

Ese incumplimiento, dijo Goldsmith en su larga comparecencia, reactivaba la resolución 678, aprobada al término de la Guerra del Golfo, que autorizaba a la comunidad internacional a emplear "todos los medios necesarios para restablecer la paz internacional y la seguridad" en la región después de que Irak invadiera Kuwait.

Las conversaciones que mantuvo en EEUU fueron clave y el 13 de marzo, justo una semana antes del inicio de la operación militar, Goldsmith declaró oficialmente que había una justificación legal para usar la fuerza contra Irak y derrocar a Sadam Husein.

Aun así, admitió que en sus conversaciones con Blair y otros miembros del Gobierno hizo la advertencia de que, potencialmente, el Reino Unido tendría difícil argumentar ante un tribunal de Justicia que las resoluciones de la ONU existentes justificaban la guerra.

Preguntado acerca de por qué esperó hasta el último momento para dar el visto bueno, contestó que los mandos militares exigieron un claro mandato legal antes de lanzar a sus soldados al combate, una exigencia que, según destacó, no se dio en conflictos previos.

"Tenían derecho a tener un punto de vista claro. No estaban en situación de ser desplegados en un contexto de que (la guerra) puede ser legal o puede no serlo. Sólo yo podía responder a esa pregunta. Era mi responsabilidad", declaró el ex fiscal.

Pese a negar que recibiera presiones, el ex fiscal admitió que cuando en el verano de 2002 informó a Blair de que la defensa propia o el cambio de régimen político no justificaban una guerra desde el punto de vista del derecho internacional el ex primer ministro se mostró claramente contrariado ante esta valoración.

Seis horas duró el interrogatorio de Goldsmith, que también negó que ignorara las advertencias de los servicios legales del Foreign Office en el sentido de que la guerra podría constituir "un delito de agresión" en ausencia de una resolución explícita de la ONU.

El martes, los abogados del ministerio de Asuntos Exteriores Michael Wood y Elizabeth Wilmhurst, que dimitió en señal de protesta contra la guerra, dijeron que sus advertencias sobre la ilegalidad del conflicto fueron reiteradamente ignoradas y que todo el proceso para revestir de legalidad la guerra fue "lamentable".

Sus críticas fueron dirigidas especialmente contra el entonces ministro de Exteriores y actual ministro de Justicia, Jack Straw, quien hoy se defendió afirmando que no ignoró a los asesores, sino que hizo su trabajo de "escuchar y tomar la decisión final".

Al inicio de su testimonio, Goldsmith lamentó que el Gobierno no permita la publicación de documentos que ayudarían a conocer mejor el proceso que llevó a declarar legal la guerra, una "frustración" que dijo compartir el presidente de la comisión, John Chilcot.

El primer ministro, Gordon Brown, prometió que la comisión dispondría de todos los documentos en manos del Gobierno, pero que no todos podrían ser publicados, porque podrían perjudicar al interés público o contravenir las leyes sobre confidencialidad.

La oposición, especialmente el Partido Liberal-Conservador, denunció que se está intentando salvar la cara al Gobierno laborista y al ex primer ministro Tony Blair, cuya comparecencia está prevista para este viernes en medio de una enorme expectación.