(EP). El ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa acudude este jueves, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para dar cuenta de los daños que el juez Elpidio José Silva le ocasionó durante la investigación abierta contra él.
El banquero ha sido citado para declarar en calidad de testigo ante el instructor, Jesús Gavilán, que investiga la querella que interpuso la Fiscalía contra Silva por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra su libertad individual al haber ordenado su ingreso en prisión en dos ocasiones.
El abogado de Blesa, Carlos Aguilar, también comparecerá como testigo ya que llegó a estar imputado por un supuesto delito de obstrucción a la justicia en unas diligencias que quedaron archivadas poco después.
Silva actuó en su contra al saber que Blesa había tenido conocimiento de que su teléfono fue intervenido, pero siendo "consciente" de que la escucha había sido acordada en un auto de su propio Juzgado. El interrogatorio que efectuó a ambos por este caso provocó "una vulneración clamorosa" de los derechos que correspondían al banquero, según la Fiscalía.
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 se acogió el pasado lunes a su derecho a no declarar, tras haber solicitado en las dos ocasiones anteriores aplazar su interrogatorio ante la imposibilidad de examinar la documentación obrante en la causa.Querella de la Fiscalía
La querella presentada por la Fiscalía de Madrid se refiere a los supuestos delitos que Silva habría podido cometer en varias decisiones sobre la investigación del crédito a Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida, entre ellas la de enviar a Blesa a prisión incondicional el pasado 5 de junio. Silva se enfrenta hasta 40 años de inhabilitación.
La Audiencia Provincial de Madrid anuló el pasado 19 de junio la instrucción realizada por el juez Silva por el tema del crédito al considerar que el magistrado había convertido indebidamente el proceso contra Miguel Blesa en una "causa general en busca de los responsables de la crisis económica que atravesamos y su castigo". Dejó abierta sin embargo la puerta a que se sigan investigando los hechos relacionados con el City National.
En su querella, la Fiscalía argumenta que Elpidio Silva cometió un delito de prevaricación porque adoptó diversas resoluciones "que no pueden ser explicadas mediante ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos usualmente admitidos en Derecho", imponiendo de esta forma "su propia voluntad y criterio sobre la interpretación racional de la ley".
En este sentido, la Fiscalía repasa las decisiones del juez para la reapertura de las actuaciones contra Blesa por la concesión del crédito a Díaz Ferrán, dos años después de haber acordado su sobreseimiento y sin que durante ese periodo hubiera aparecido "nada nuevo que lo justificase".
La Fiscalía considera así "ilógico e improcedente" el modo por el que Elpidio Silva reabrió el caso, justificando su "arbitraria decisión" en razón a criterios como la alarma social derivada de la crisis económica mundial y la implicación en la misma de las entidades financieras.
El Ministerio Público se querella además contra el magistrado por retardo malicioso por no dar trámite hasta dos meses después a los recursos interpuestos contra el secreto de las actuaciones acordado "con el fin de impedir a las defensas acceder al procedimiento", sin que a su juicio existiera "motivo legal alguno" para adoptar la medida.
La Fiscalía también denuncia al juez por dos delitos contra la libertad individual en los dos autos en los que dictó prisión para Blesa, el primero de ellos bajo fianza de 2,5 millones de euros y el segundo sin fianza.
La querella argumenta que el magistrado adoptó esta medida contra Blesa a instancias únicamente del sindicato Manos Limpias, que justifica que no tenía condición de parte para realizar la petición, y aporta un auto que estableció la inadmisión de su personación como acusación particular por no tener la consideración de perjudicado en proceso.
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