El exconsejero de Empleo andaluz declara sobre los ERE que se limitaba a firmar

El exconsejero de Empleo andaluz José Antonio Viera ha declarado este martes que su labor en la Consejería se limitaba a la acción política y ha negado que haya creado la estructura que dio origen a la supuesta trama fraudulenta de los ERE descargando la responsabilidad en las personas que estaban por debajo de él en el organigrama de la Consejería, según ha explicado el abogado de Manos Limpias Pedro Muñoz Lorite.

Así lo ha señalado Muñoz en declaraciones a los periodistas tras la declaración de Viera ante el instructor de la causa de los ERE en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que se ha prolongado durante unas tres horas.

Según explicaron a Europa Press fuentes presentes en la declaración, Viera se ha limitado a mantener lo que declaró en la Comisión de Investigación del Parlamento y a aseverar que no intervenía en la concesión de ayudas y que él no es jurista y no elaboró los convenios sino que se limitó a firmarlos.

Para el interrogatorio, el juez instructor del caso ha utilizado como base el informe de los peritos de la Intervención General del Estado sobre el sistema empleado para la concesión de las ayudas y ha preguntado a Viera sobre los diferentes aspectos del mismo.

En fuentes de la defensa se ha señalado también que Viera ha insistido durante su interrogatorio en que las actuaciones de la Consejería que presidió se ampararon en la legalidad vigente, que era la que emanaba del Parlamento de Andalucía.

Sobre la responsabilidad del gasto, igualmente ha negado responsabilidad alguna y la ha residenciado en la Dirección General de Empleo, para añadir que si hubiera advertido alguna irregularidad, habría actuado de inmediato."¿Para qué es usted consejero?"

El tono de las respuestas de Viera ha merecido la intervención de uno de los fiscales presentes en la declaración, que ha preguntado a Viera que si carecía de responsabilidad tanto en lo que firmaba como en los gastos de su departamento para qué era consejero, según las mismas fuentes.

Por su parte, el abogado de la acusación particular ejercida por Manos Limpias ha mantenido que Viera ha insistido en su declaración que él tenía "una acción política" y que se "limitaba" a firmar los documentos al entender que "cuando le ponían la documentación sobre la mesa para la firma" ya habían pasado los preceptivos informes previos fiscalizadores y jurídicos.

El abogado ha dicho que Viera ha responsabilizado a las personas que estaban por debajo de él en la Consejería y, entre ellas, se ha referido al ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "que era el responsable de la concesión de las ayudas", mientras que él "se dedicaba simplemente a la firma" y a "acudir a los centros que estaban cerrando, como Cárnicas Molina o Boliden". "Él ha negado que haya creado la estructura pero sin su impulso político era imposible que funcionara tantos años", ha mantenido el abogado.

"Eso pone de manifiesto que el consejero no era consejero y básicamente se dedicaba a dar paseos por Andalucía o que la estructura creada servía para transferir grandes cantidades de dinero a empresas vinculadas con el PSOE".

El abogado de Manos Limpias ha asegurado que el juez instructor le ha "comunicado" a Viera que está "imputado por prevaricación y por malversación" y ha añadido que ha "quedado claro" que estaba declarando ante el Supremo "para responder por dos supuestos delitos de malversación y prevaricación". A juicio de Muñoz, "atendiendo a las mismas circunstancias de otros que hemos conocido hoy en el PSOE, tendría que estar fuera del partido", en alusión al caso del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar.

Por último, el líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, ha afirmado que el interrogatorio de la Fiscalía y del juez ha sido "demoledor" y ha afirmado que la declaración de Viera ha sido "mucho peor" que las que en su día hizo la infanta Cristina por el caso 'Noos'.Sierra Norte de Sevilla

Viera habrá respondido este martes a las preguntas sobre la concentración de ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, todo ello después de que, en uno de sus últimos atestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara que el exconsejero "pudo haber facilitado la concentración" de ayudas en esta comarca "por decisiones de diferente índole" y "con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas".

Los agentes aseveran que Viera, "en cooperación con el resto de miembros del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), pudo favorecer de manera desmesurada a personas de su entorno vinculadas a la comarca de la Sierra Norte de Sevilla", señalando que, como consecuencia de las decisiones adoptadas, los beneficiarios asociados a esta comarca "obtuvieron ayudas por importe total de 56.401.307,43 euros".

Así, la UCO asevera que "pudo tener una participación esencial" en estas ayudas, añadiendo que, "no es que los responsables de la Consejería, entre los que se encontraba Viera, y su equipo no conocieran cómo tenían que actuar, sino que a juicio policial deliberadamente habrían omitido todo el procedimiento legalmente aplicable y todos los controles de la Intervención para disponer de los fondos públicos de manera discrecional a favor de los terceros por ellos determinados"."Dispendio de fondos públicos" en la etapa de Viera

Los agentes aseveran que "llama poderosamente la atención el desequilibrio y el dispendio de fondos públicos a favor de esta comarca de Sevilla durante el periodo en que Viera fue máximo responsable de la Consejería", pues "durante su etapa se suscribieron convenios de colaboración a favor de todas las entidades vinculadas con la misma por importe total de 29.987.287,47 euros, lo que habría supuesto el 64,1 por ciento del total de convenios suscritos y catalogados como ayudas a empresa que se concedieron en Andalucía por parte de la Consejería de Empleo y a cargo de la partida 31.L".

Así, consideran que Viera "pudo haber propiciado importantes ayudas para esta zona geográfica, a la que estaba vinculado, con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas", y aseveran que, por ello, "habría podido incumplir la protección de los recursos públicos a su cargo y los principios de objetividad, eficacia, satisfacción de los intereses generales y que estas ayudas, por supuesto, se hubiesen empleado de manera sustancial en la creación y mantenimiento del empleo".

Los agentes precisan que, "bajo su responsabilidad, y durante el tiempo que estuvo al frente de la Consejería, se emitieron resoluciones de ayudas a favor de los beneficiarios vinculados en el atestado por importe total de 7.142.294,82 euros", a lo que se suma que, "siendo máximo responsable del IFA, se suscribieron convenios de colaboración a favor de estos beneficiarios por importe total de 15.1 millones", mientras que durante su etapa como consejero y presidente del IFA "se desembolsaron desde esta agencia fondos públicos pos 5,8 millones".

El exconsejero Antonio Ávila defiende su "honestidad"

El exconsejero de Economía e Innovación Antonio Ávila ha defendido este martes su "honestidad" y ha confiado en el archivo de la causa contra él, relacionada con los expedientes de regulación de empleo (ERE) supuestamente irregulares, por la que ha declarado voluntariamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, al inicio de la comparecencia, que se ha prolongado por poco más de dos horas, el magistrado instructor Miguel Pasquau le ha expuesto los hechos que indiciariamente se le imputan según la exposición razonada presentada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y le ha dado la oportunidad de pronunciarse sobre los mismos.

En la declaración estaban presentes el fiscal superior, Jesús García Calderón, la defensa de Francisco Vallejo y la defensa de Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo. Ni la Fiscalía ni la defensa de Francisco Vallejo han realizado ningún tipo de pregunta. Tan sólo el magistrado instructor y la defensa de Antonio Ávila han preguntado.

El abogado del PP, personado en la causa, no ha estado presente. Según las fuentes, no se han acordado medidas cautelares contra él, y el instructor no va a adoptar ninguna decisión de fondo sobre este asunto "en principio".

En declaraciones a los periodistas a la salida de la sede judicial, Ávila ha señalado que ha tenido "la oportunidad" de trasladar la información que se le ha solicitado y la que él mismo ha creído "oportuna" y se ha mostrado satisfecho de haber comparecido de forma voluntaria. Según Ávila lo ha hecho con el fin de "seguir siendo" lo que ha sido "toda" su vida, que es "un trabajador, un funcionario público".

"He tenido la oportunidad de expresarme y de hacer referencia a todo lo que considero que se está planteando que no es correcto desde mi punto de vista y que no se atiene a la verdad", ha señalado el exconsejero, que ha dicho estar"tranquilo" con su declaración.

Preguntado por si confía en el archivo, ha indicado: "Uno siempre tiene la confianza cuando tiene la certeza de que ha sido honesto, honrado y que no ha participado en ningún tipo de irregularidad, yo tengo la confianza de que todo se verá, aflorará, y será así. Esa es la confianza que tengo. ¿Cuándo? Cuando lo determine quien lo tiene que determinar, que es la justicia".

En referencia a las declaraciones de José Antonio Viera y Manuel Chaves ha dicho que desconoce lo que han declarado o van a declarar, y ha indicado que lo que él tiene "en la cabeza" es su propia situación.

Finalmente, ha considerado que en torno a los hechos que se le imputan "hay mucha discusión técnica" y "hay que entenderla" y "explicarla", que es lo que él cree que este martes ha hecho "honesta y humildemente", aportando una información "que no ha sido valorada o analizada de esa manera, con la intensidad que debía de serlo".La ronda de declaraciones en el TSJA continuará este miércoles

La ronda de declaraciones en el TSJA continuará este miércoles con la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el día 15 de abril con el exconsejero Francisco Vallejo, que también solicitaron declarar de manera voluntaria. Vallejo estaba previsto para el día 14 pero, según fuentes judiciales, su comparecencia se ha aplazado para un día después a las 11,30.

El magistrado instructor, Miguel Pasquau Liaño, ha citado a los tres aforados -todos los imputados a excepción de Manuel Recio- "sin perjuicio de que ulteriormente se les pueda volver a recibir declaración cuantas veces sea necesario por el órgano judicial que resulte definitivamente competente", todo ello en relación al hecho de que, una vez se constituya el nuevo Parlamento andaluz este mes, dejarán de pertenecer a la Diputación Permanente y, por tanto, abandonarán su condición de aforados, por lo que podrían ya comparecer ante Mercedes Alaya.

El TSJA argumenta que, "sin perjuicio de lo que depare un análisis exhaustivo de las actuaciones cuyo testimonio se ha remitido y, en su caso, nuevas diligencias a practicar en esta sede, en vista por ahora de lo desarrollado por la magistrada en sus exposiciones razonadas -tanto la elevada al Tribunal Supremo como la elevada a esta Sala-, no puede sostenerse que resulte manifiestamente infundada la atribución de posible responsabilidad penal, en concreto, por delitos de prevaricación y malversación, a los cuatro aforados".

Todo ello "habida cuenta de que en el ámbito de sus funciones como cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía participaron en un nivel u otro en la toma de decisiones sobre la creación, financiación, mantenimiento y aplicación de un sistema de concesión de subvenciones sociolaborales, ayudas a empresas, y excesivas comisiones a intermediarios que, por carecer de los controles típicos de los procedimientos de subvención pública, indiciariamente han supuesto un indebido beneficio económico para algunos particulares y empresas", sostiene el TSJA.