El exdirector del II Plan de DDHH acusa al Gobierno de frenarlo "en seco"

Ximena Hessling

Madrid, 23 ene.- El exdirector del II Plan Nacional de Derechos Humanos, Fernando Rey, ha acusado al Gobierno, en una entrevista con Efe, de "frenar en seco" en el plano de los hechos el proceso de elaboración de este documento.

El también catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid es el coordinador de un texto académico que se publicará próximamente -en febrero o marzo- con el título "Los derechos humanos en España, un balance crítico", a partir de las experiencias acumuladas en ese proyecto.

Rey dirigió en el año 2013, por encargo del Ejecutivo, un equipo integrado por expertos independientes y otros vinculados al Gobierno que elaboraron un informe diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en España "con sus luces y sombras" que permitiría elaborar el II Plan Nacional.

El documento, que se diseñó atendiendo al manual de Naciones Unidas sobre las características que debe tener un plan de derechos humanos, no pretendía "sacar los colores al Gobierno", sino identificar los problemas para proponer soluciones, desde una perspectiva "realista", indica el profesor.

Rey renunció al cargo de director en enero de 2014, tras constatar que el proceso fue detenido "en seco" por los responsables políticos del Gobierno, sin explicaciones en público o en privado a los participantes.

El Ejecutivo se ha comprometido en el Parlamento a elaborar y aprobar esta iniciativa pero, según el experto, "el proceso se ha interrumpido en el plano de los hechos".

No obstante, los académicos que participaron en la elaboración del primer texto publicarán un informe diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en España con el objetivo de contribuir a la planificación pública sobre esta materia en el futuro.

"No es un texto contra el Gobierno, sino a favor de los derechos humanos, de su aplicación, de su evaluación y mejora", destaca Rey, quien precisa que, en este caso, la ausencia de expertos pertenecientes al Gobierno garantiza "una mayor imparcialidad y libertad de opinión científica" en el análisis.

España se encuentra "entre los países más avanzados del mundo en materia de derechos humanos", pero esto no impide que haya "numerosas y crecientes zonas de penumbra" y "multitud de líneas de progreso", señala.

A su juicio, la crisis económica ha impactado negativa e intensamente sobre los derechos humanos en España, sobre todo en el ámbito social, pero no todo lo malo ocurrido en este campo puede atribuirse a la escasez de fondos públicos.

Desde su punto de vista, "la crisis está sirviendo de excusa para dar cobertura a líneas ideológicas retrógradas" en el ámbito de los derechos civiles o la lucha contra la discriminación que responden a "visiones antiguas" de orden público o de convivencia.

Como ejemplo, alude a la reforma de la ley del aborto, a las devoluciones en caliente de inmigrantes o las escuchas telefónicas sin autorización judicial, que son "inconstitucionales y contrarias al sistema europeo de derechos", entre otros asuntos.

En el campo de la educación o la memoria histórica, afirma el profesor, "existe un amplio margen de mejora para alcanzar los estándares internacionales", como demuestran los informes de observadores de distintas organizaciones mundiales.

El texto se divide en cuatro grandes capítulos dedicados a la protección de los derechos humanos, la promoción en el exterior y en el interior, a través de la educación, así como los principios de alcance general y los de grupos sociales con dificultades específicas o expuestos a una mayor desigualdad social, política o económica.

El profesor estima que el I Plan Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, que impulsó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, fue "un programa de Gobierno" más que un auténtico plan, pero reconoce que tuvo el mérito de iniciar esta experiencia en España en respuesta a la sugerencia lanzada por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena en 1993.