El exministro de Industria Miguel Sebastián se opone en rotundo a que BBVA sea exonerado por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El que fuera director de la Oficina Económica de Moncloa considera que el banco que preside Carlos Torres debe seguir imputado y responder por los presuntos delitos que cometieron algunos de sus exresponsables y empleados, entre los que menciona directamente al expresidente Francisco González; al exCE0 Ángel Cano; y al exjefe de Seguridad Julio Corrochano. En su opinión, los planes de prevención de conductas ilícitas de la entidad eran "un puro maquillaje estético carente de toda eficacia", ya que no evitó que se encargara al agente encubierto el espionaje de personas que podían ser vistos como rivales.
Así lo expone Sebastián en un duro escrito, al que ha tenido acceso La Información, que ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, encargado de investigar la macrocausa sobre los servicios privados de Villarejo. En dicho documento, el exministro y economista responde a la petición de archivo que ha formulado el banco. El magistrado instructor acordó el pasado 26 de julio prorrogar otros seis meses más la investigación sobre los supuestos encargos ilegales que el BBVA habría encomendado al Grupo Cenyt, las empresas del comisario jubilado, al tiempo que ha vuelto a citar a la compañía como investigada.
Desde su imputación como persona jurídica en 2019, BBVA ha defendido que no existen indicios que demuestren que algunos de sus directivos o empleados cometieron alguna irregularidad con la contratación de Villarejo entre 2004 y 2017 y por el pago total de 10,2 millones de euros. Además, la entidad asegura que entonces ya disponía de mecanismos de control idóneos y eficientes para evitar conductas ilegales, tal y como establece el artículo 31 bis del Código Penal. Por tanto, entiende que no se le puede atribuir ninguna responsabilidad penal, por lo que ha pedido en reiteradas ocasiones el archivo de la causa. "La investigación de unos muy concretos hechos presuntamente constitutivos de delitos de revelación de secretos y cohecho se ha transformado en una inquisición general de la vida y milagros de la entidad financiera durante los últimos 14 años", lamentó el banco en uno de los escritos en los que pidió el sobreseimiento.
Miguel Sebastián no opina lo mismo y afirma que el sumario de esta novena pieza separada del 'caso Villarejo' ha revelado "un caso claro de coautoría en la que varias personas con distintos roles, pero con unidad de propósito, diseñan un plan delictivo". Por ello, concluye que los controles de la entidad financiera no funcionaron. "No puede decirse que dentro de la empresa hubiera una ética de cumplimiento, cuando la cúpula de la organización con su presidente a la cabeza, fueron los primeros en incumplir, primero la llamada 'doctrina FG' -un código de conducta que implantó Francisco González- y, posteriormente, el programa de cumplimiento normativo ahora en vigor", señala el escrito con fecha del pasado 9 de septiembre.
Sebastián se encuentra personado en este procedimiento como víctima de los servicios de Villarejo, a quien acusa de "fabricar", por encargo, un falso relato acerca de su vida personal. Todo ello, dentro de lo que se denominó 'Proyecto Trampa' (o 'Trapa'), uno de los primeros que se encargó al Grupo Cenyt, cuyo objetivo era encontrar aspectos negativos de quienes habrían colaborado en el intento de Sacyr Vallehermoso de hacerse con el control de BBVA en 2004. De este modo, el exministro se sumaba a las acusaciones particulares que empezaron a ejercer también otros afectados por este trabajo, como el expresidente de la constructora, Luis del Rivero; el antiguo consejero de BBVA José Domingo de Ampuero; el exdirector general adjunto de BBVA y consejero y secretario del Consejo de Sacyr, Vicente Benedito; o el expresidente de la CNMV Carlos Arenillas. El comisario les bautizó a todos ellos como el 'Grupo Hostil'.
Sabían quién era Villarejo
A lo largo de 22 páginas, la defensa del exdirector General de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno de España -representada por el exvicepresidente del Tribunal Supremo Ángel Juanes, el exministro de Justicia Francisco Caamaño y Carlos Seoane Domínguez- expone que tanto González como "otros directivos" de BBVA "tenían conocimiento inequívoco de la realidad de la empresa Cenyt y del señor Villarejo". Es decir, que sabían perfectamente que el comisario seguía aún en activo en la Policía Nacional cuando se contrataron sus servicios. Según indica el escrito, no podía haber dudas sobre quién era el comisario "precisamente por su capacidad para utilizar recursos públicos y ejercer influencia sobre funcionarios y otros empleados al servicio del Ministerio del Interior".
En este sentido, los abogados recalcan que la investigación que realizó el agente encubierto sobre el 'Grupo Hostil', a través de intervenciones telefónicas, seguimientos e intromisiones en la vida personal e íntima, "no fueron producto de una indagación ocasional y caprichosa del señor Villarejo y la empresa Cenyt, sino el resultado de un encargo que partió de la cúpula del BBVA (...). Y todo eso se pudo hacer, porque el programa de cumplimiento del BBVA no se aplicó deliberadamente a la contratación de Cenyt". Es más, el escrito afirma que los órganos de 'compliance' del banco tenían cierta "pasividad" para que no se controlara "ni a la Presidencia de la institución ni a su entorno más inmediato, lo que permitió la comisión de los ilícitos ahora investigados".
De acuerdo con la documentación que obra en el sumario de la causa, muchos de los encargos a Villarejo no estuvieron sujetos a los procedimientos habituales de contratación al alegar motivos de seguridad, lo que facilitaba saltar determinados controles internos. Para el exministro de Industria, éste era el modo de esconder el verdadero objetivo de la entonces cúpula de BBVA, que era encontrar datos de determinadas personas que pudieran ser de interés. "Sólo desde 'adentro' era posible interferir teléfonos oficiales y líneas de comunicación auditadas por los sistemas oficiales de información y seguridad que cubren al Gobierno. Todo eso lo sabía el señor González y su entorno de confianza en el banco, como también sabían de las debilidades estructurales del modelo interno de control y de la facilidad con la que podía manipularlo", indica Sebastián para tratar de explicar la 'utilidad' de Villarejo.
"Guerra sucia"
"Nos encontramos ante uno de los episodios de corrupción privada y guerra sucia en los negocios más significativos de la democracia española: utilizar todos los resortes de una entidad bancaria y anular sus mecanismos internos de control, con el solo fin de mantenerse en el poder a cualquier precio, sin importar la intimidad y el honor de las personas que al ejercer sus legítimos derechos podían convertirse en potenciales competidores y, por ende, en una amenaza para la continuidad de la Presidencia y su equipo directivo", resume el escrito.
Para concluir, la defensa de Sebastián recoge numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo para solicitar que BBVA siga imputada, sin tener en cuenta la doctrina de evitar daños reputacionales a la compañía. En este punto, los abogados recuerdan que antes de llegar a esa conclusión es necesario que no exista la "menor duda" de que el programa de 'compliance' funcionó de manera eficaz. "De no ser así, el mero hecho de contar con un programa de cumplimiento en apariencia idóneo serviría de pantalla", asegura.
Así, señala que, de acuerdo con la declaración de algunos investigados y testigos de relevancia, como el presidente de CaixaBank y exconsejero delegado de la entidad vasca, Ignacio Goirigolzarri, los encargos a Villarejo partieron de Francisco González, pero altos cargos del banco eran conocedores de todo ello. Y muestra de ello, prosigue Miguel Sebastián, son los expedientes internos abiertos contra exdirectivos, enmarcados en una "estrategia defensiva del banco (...) con el fin de culpabilizar a personas físicas concretas", que terminaron en indemnizaciones, "en algunos casos con fuertes sumas". "Cabe razonablemente preguntarse si el archivo de los expedientes, y el pago de las correspondientes indemnizaciones no supone, de facto, un reconocimiento implícito por parte de la persona jurídica de su propia responsabilidad", dice el exministro de Industria.
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