El expresidente del banco de valencia declara mañana ante el juez pedraz

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye ocho causas que investigan las irregularidades cometidas en la gestión del Banco de Valencia, ha citado a declarar mañana como imputado al que fuera presidente de la entidad José Luis Olivas.
El magistrado ha tomado esta decisión un mes después de que se le asignara un perito experto que ha estado trabajando en las tasaciones de una de las piezas de la investigación. Tras exigir en varias ocasiones el apoyo de un experto y no conseguirlo, Pedraz llegó a plantear a las partes el archivo de la instrucción.
Sin embargo, el organismo público encargado de la reestructuración de las entidades financieras saneadas, el FROB, le pidió que continuara con la instrucción. Precisamente fue el FROB el que planteó ocho querellas por las operaciones de financiación “ruinosas” que fueron diseñadas y aprobadas por exdirigentes de la entidad.
Entre los imputados por diferentes delitos societarios están el expresidente José Luis Olivas, el ex consejero delegado Domingo Parra o el expresidente del Valencia CF Juan Bautista Soler.
En un informe presentado el 4 de diciembre, dos expertos del Banco de España aseguraron que las cuentas de Banco de Valencia, que terminó integrándose en Bancaja, que acabó formando parte de la fusión que dio lugar a Bankia, no reflejaban la imagen fiel de la entidad desde 2010, aunque el deterioro de las cuentas se conocieron mucho más tarde.
José Luis Olivas, exvicepresidente de Bankia y expresidente de la Generalitat y Bancaja, presentó el pasado mes de enero un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de imponerle, junto a Rodrigo Rato, José Manuel Fernández Norniella, Francisco Verdú, Bankia y BFA, una fianza de 800 millones de euros por la salida a Bolsa de Bankia.
Considera que como máximo se debería fijar una fianza de 33 millones de euros, ya que esa cantidad es “el universo de los peticionarios-perjudicados. Su cuantificación de 800 millones de euros resulta, desde este punto de vista, absolutamente desproporcionada en cuanto al exceso”, indica el recurso presentado por Olivas.