El factor de sostenibilidad no es sinónimo de bajar pensiones, según Gobierno

Madrid, 21 mar.- El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha afirmado hoy que el factor de sostenibilidad, por el que se irán adecuando las pensiones a la esperanza de vida en cada momento, "no es sinónimo de recortes" en las prestaciones.

No obstante, ha reconocido que podría llegar a darse ese caso dependiendo de los parámetros que se establezcan para la aplicación de dicho factor.

Durante su intervención en una jornada sobre el futuro de la Seguridad Social organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Burgos ha incidido en que la voluntad del Gobierno es que ese factor permita mantener en el futuro un nivel de prestaciones adecuado y similar al actual.

El factor de sostenibilidad, que el anterior Gobierno socialista introdujo en la reforma de las pensiones de 2011 para que empezara a aplicarse a partir de 2027, "merecerá debate político sustancial y la aprobación de un proyecto de ley", ha subrayado Burgos.

El secretario de Estado ha recordado que en los próximos días se creará la "comisión de expertos" que estudiará cómo poner en marcha su aplicación.

Ha añadido que ya hay nombres "sobre la mesa", sin precisar ninguno, y ha dicho que serán expertos de los ámbitos académico, jurídico y social, pero sin atender a "cuotas", sino a conocimientos técnicos.

Respecto a la reforma de las jubilaciones anticipada y parcial que el Gobierno aprobó el pasado viernes mediante un decreto ley, Burgos ha adelantado que el Gobierno no quiere que se tramite como proyecto de ley.

Quienes lo piden "deben entender que no es una materia que convenga que esté abierta prácticamente un año", ha subrayado Burgos.

Preguntado por la preocupación de los trabajadores de grandes empresas que tienen ERE ya pactados cuyos efectos se prolongan hasta 2020, Burgos ha señalado que se ha puesto 2019 como fecha tope tras contrastar con los sindicatos que el ámbito temporal de duración media de los convenios era de tres o cuatro años.

Eso significa, ha añadido, que el Gobierno ha puesto dos años más "de colchón" para no perjudicar los acuerdos en marcha.

En su opinión, es lógico establecer un límite temporal "que además es superior a la media de los acuerdos que se están suscribiendo y no tocar los que ya están comprometidos".