El fiscal del Tribunal de Cuentas ha ido un paso más allá de lo que ya apuntó el miércoles Sociedad Civil Catalana (y que se centró solo en el expresidente Carles Puigdemont) y ha presentado una demanda contra ex altos cargos de la Generalitat en la que les acusa de desviar varios millones de euros de dinero público a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Fuentes de la Fiscalía han confirmado a Efe la presentación de la demanda, avanzada por 'El País', y que se dirige también contra el exvicepresidente Oriol Junqueras y el resto de exconsellers.
La demanda afecta a todos los consellers del equipo de Puigdemont e incluso a la que por entonces era interventora de la Generalitat, y eleva el desvío de dinero público a una cantidad muy superior a las manejadas en la causa que se investiga en el Supremo, aunque sin llegar a concretarla. La Guardia Civil cifró la posible malversación en 3,2 millones de euros y la Fiscalía, en su escrito de acusación ante el Supremo, en 3,07 millones.
La demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas por la Fiscalía responde a la investigación abierta por la denuncia presentada en noviembre de 2017 por el Ministerio de Hacienda por el empleo de dinero público para el 1-O. En concreto, Hacienda pedía que la Fiscalía hiciera las "actuaciones oportunas" encaminadas a determinar las actuaciones, los contratos y actos administrativos realizados por la Generalitat para la organización y celebración del referéndum ilegal y a concretar cuánto dinero costó.
Es decir, el Tribunal de Cuentas abrirá ahora un proceso para determinar la posible responsabilidad contable de los miembros del Govern que participaron en el 1-O, un procedimiento independiente al que se sigue en el Supremo por la responsabilidad penal.
Cabe recordar que fue el Tribunal de Cuentas el que ya condenó al expresidente catalán Artur Mas y a otros ex altos cargos autonómicos a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat de Cataluña en organizar y celebrar la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre 2014. En concreto, se responsabilizó a los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega y seis personas más por los gastos originados por la consulta del 9N, cifrados en 4.946.788,16 euros, según informa Efe.
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