Madrid, 20 mar.- El fiscal del Supremo ha pedido hoy a este tribunal que confirme la condena que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) impuso al exdecano de Medicina de la Universidad del País Vasco (UPV) Francisco Javier Goiriena y a la exdirectora de Estomatología Montserrat Barranquero.
El Supremo ha celebrado hoy la vista del recurso que los dos reos presentaron contra su condena por los delitos de malversación y falsedad en documento público.
Las defensas han argüido ante la Sala de lo Penal del alto tribunal que la sentencia del jurado, luego confirmada por el TSJPV, no motivaba adecuadamente que actuaran con "dolo", es decir, con voluntad consciente de cometer los delitos, y no por error.
Además de este factor, también deberían haber conducido a otra valoración de la pena las dilaciones indebidas, han señalado las defensas, que han destacado los catorce años transcurridos desde el comienzo de la investigación penal contra sus clientes.
Junto a ello, los letrados de ambos reos han explicado al tribunal que hubo desigualdad de armas frente a las acusaciones durante el juicio, porque se les negaron pruebas.
Por añadidura, han expresado su queja contra el hecho de que el jurado se pronunciara en su sentencia sobre asuntos jurídicos y no fácticos, como debería haber hecho, y además no fundamenta su posición, carencia que suplió en la sentencia de la Audiencia de Bizcaia, luego confirmada por el Tribunal Superior, el magistrado que presidió el juicio, algo también indebido.
Por el contrario, las acusaciones particulares y el fiscal han llamado la atención del tribunal sobre el hecho de que las dilaciones se deben en gran medida a la petición de las defensas de llevar el proceso al jurado, algo que hicieron después de años de instrucción y cuando el procedimiento estaba listo para juicio.
Durante esos años, además, las defensas no pidieron las pruebas que luego han considerado, de manera extemporánea, esenciales, al igual que no plantearon en su apelación ante el TSJPV los motivos de recurso que ahora, en casación ante el Supremo, pretenden recuperar de manera no aceptable, ha añadido el fiscal.
La Audiencia de Bizcaia les condenó a 5 años y 3 meses de cárcel a cada uno, además de nueve años de inhabilitación absoluta, junto a la obligación de indemnizar a la universidad con 168.400? -más los intereses- de manera solidaria, un fallo que confirmó luego el citado Tribunal Superior y contra el que han recurrido ante el Supremo.
Los dos profesores consideran que debe ser anulada la sentencia que consideró probado que ambos se pusieron de acuerdo para apropiarse de fondos que eran de la Universidad y que para lograrlo falsificaron documentos mercantiles.
Ambos eran socios en varias sociedades mercantiles de las cuales el único cliente era la UPV, para la cual, según la sentencia recurrida, emitieron un total de 34 "facturas simuladas por unos servicios inexistentes".
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