El juez instructor José Luis Calama ya ha dado el primer paso para investigar la presunta infección del móvil de Pedro Sánchez y Margarita Robles entre mayo y junio de 2021. Por un lado, ha acordado la apertura de una investigación; y por otro lado, ha preguntado a la Fiscalía qué diligencias considera que se deben practicar para averiguar la naturaleza de los hechos denunciados por la Abogacía del Estado y, quizás, lo más relevante de todo, quién está detrás del 'hackeo' y por qué lo hizo. Como suele ocurrir en la práctica totalidad de los procedimientos, la actuación del Ministerio Público es esencial para el avance de las causas, ya que conoce al detalle toda la información que se va recabando durante las instrucciones. Es por ello que, debido a que los afectados en este asunto son el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, las pesquisas puedan ser dirigidas directamente por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, cuyo mandato fue renovado hace poco más de un mes.
Fuentes fiscales consultadas por La Información apuntan que "es normal que los jefes de las Fiscalía lleven las causas de especial trascendencia pública". Así ocurrió el pasado mes de marzo cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, encomendó a Alonso -con el que compartió "trinchera" antes de que ambos ocuparan sus actuales altos cargos- la dirección de todas las diligencias de investigación relacionadas con la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas. También sucede así en las investigaciones preliminares que maneja la Fiscalía antes de judicializar un asunto, como se observa en el caso del contrato para la adquisición de mascarillas en el que habría mediado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso; o los dos contratos vinculados a personas cercanas al presidente del Gobierno, y a la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. Ambos están siendo analizados directamente por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
En cualquier caso, las mismas fuentes consultadas indican que, por los mismos motivos, el fiscal jefe puede apoyar estas pesquisas en otros fiscales de la Audiencia Nacional, como puede ser su 'número dos', el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, o en otros compañeros que tengan conocimiento y experiencia en asuntos similares al que se va a analizar. Según el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, los espionajes telefónicos al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa que denuncian los servicios jurídicos del Estado podrían ser constitutivos de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y contra la intimidad, a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio.
Así lo ha indicado en un auto dictado este martes, en el que destaca que los informes del Centro Criptológico Nacional (CCN) -adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)- que se han adjuntado a la denuncia de la Abogacía del Estado detallan que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)" y que "el dispositivo móvil de la ministra de Defensa analizado fue infectado por Pegasus en junio de 2021", pero sin concretar la fecha exacta. En ambos casos la resolución señala que "se produjo exfiltración de información del dispositivo" y que actualmente ninguno de los dos dispositivos presentan "indicadores conocidos de infección en curso" por el programa informático desarrollado por la empresa israelí NSO Group.
Crisis con Marruecos
La primera intrusión al teléfono de Sánchez habría tenido lugar un día después de que el jefe del Ejecutivo cancelara su agenda, en la que tenía previsto desplazarse hasta París para asistir a la Cumbre sobre la Covid-19 en África, y viajara hasta Ceuta y Melilla para analizar una de las mayores crisis migratorias provocada por la entrada masiva desde Marruecos de más de 10.000 inmigrantes en respuesta al traslado a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para su ingreso hospitalario en Logroño. Unos hechos que además ahora se están investigando en un juzgado de Zaragoza. "Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia (...) El respeto a las fronteras mutuas es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos", dijo Sánchez en una declaración institucional.
La primera intrusión al teléfono de Sánchez habría tenido lugar un día después de que el jefe del Ejecutivo viajara hasta Ceuta y Melilla para analizar la entrada masiva desde Marruecos de más de 10.000 inmigrantes.
Ese mismo día, el Comité de situación de crisis migratoria de Ceuta creado por el Gobierno para dicha crisis se reunió por primera vez, liderado por la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, y en la que participó la ministra de Defensa, Margarita Robles; y la directora del CNI, entre otros dirigentes. Por su parte, Marruecos llamaba a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, quien trasladó al Ministerio de Exteriores español sus protestas por los acontecimientos en Ceuta. Las quejas se recrudecieron el 31 de mayo de 2021, fecha que coincide con el segundo 'hackeo' del móvil de Sánchez.
Rabat emitió un duro comunicado en el que aseguró que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara y no por la acogida de Ghali. Así, comparó la situación con el independentismo de Cataluña: "No se puede luchar contra el separatismo en casa y fomentarlo en casa del vecino", indicó el ministerio marroquí de Exteriores. Sánchez, que se encontraba en Alcalá de Henares donde se reunió con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, respondió con contundencias a las afirmaciones de Marruecos y rechazó la utilización de la migración por las "desavenencias en política exterior". "Me parece absolutamente inaceptable", sentenció el jefe del Ejecutivo. Se da la circunstancia de que un día después, el 1 de junio, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) declaraba ante la Audiencia Nacional, como investigado por genocidio, en una causa que fue reabierta y que volvió a ser archivada. Tras ello, Ghali abandonaba el territorio nacional la madrugada del 2 de junio, en un avión medicalizado con destino a Argel.
Fechas importantes para el Gobierno
Pero los meses de mayo y junio fueron también fueron clave en el ámbito económico y en el plano político. Por un lado, se esperaba la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de la Comisión Europea. El 'ok' de Bruselas se obtuvo finalmente el 16 de junio de 2021. Por otro lado, estaba en juego la reactivación de la mesa de diálogo con el Govern Catalán, que el 21 de mayo 'recibía' a su nuevo presidente, Pere Aragonès. Para ello era fundamental que se aprobaran los indultos a los líderes independentistas que fueron condenados por el Tribunal Supremo por el delito de sedición cometidos en el otoño de 2017. El 'perdón' del Gobierno llegó el 21 de junio de ese mismo año.
Cabe destacar que más de 60 líderes y militantes independentistas y algunos de sus abogados también han sido objetivo de Pegasus, por lo que preparan una avalancha de demandas y querellas contra el Estado y contra la empresa israelí. En este caso, se ha deslizado que detrás de los espionajes estaría el CNI. Fuentes jurídicas consultadas por este diario apuntan que este extremo es muy complicado de averiguar, ya que para ello es necesario que la empresa creadora de Pegasus tendría que facilitar toda la información requerida. De hecho, recuerdan que el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, que investiga desde 2020 el ataque por el programa informático espía al expresidente del Parlament Roger Torrent, lleva más de un año y medio esperando que las autoridades de Israel faciliten la información requerida sobre dicha mercantil.
A todo ello se debe añadir que NSO Group es la empresa proveedora del software, lo que significa que no tiene por qué conocer para qué cometidos lo utilizan los clientes, ni cuándo lo ponen en marcha. Pegasus se ha vendido a más de 40 países del mundo para combatir la lucha contra el terrorismo o la criminalidad. En teoría, el 'spyware' solo se facilita a gobiernos o cuerpos y fuerzas de seguridad, si bien, no se puede descartar que el programa haya llegado a manos de otros actores, según han señalado desde la compañía israelí a La Información. Por todo ello, las fuentes jurídicas consultadas aventuran que la causa abierta en la Audiencia Nacional no logre realizar grandes averiguaciones.
