El fiscal pide 169.000 ? de fianza civil para una imputada en el caso Over

Palma, 19 nov.- El fiscal anticorrupción ha solicitado hoy al juez que imponga 169.000 euros de fianza civil a la exjefa de prensa de la Conselleria balear de Salud María Luisa Durán por presuntas irregularidades en una campaña publicitaria y dos contratos concedidos a Over Marketing en la legislatura 2003-2007.

La solicitud de esta medida cautelar del fiscal Pedro Horrach al juez José Castro, que instruye esta causa que investiga la presunta financiación irregular del PP balear en las campañas electorales de 2003 y 2007, se ha producido después de que Durán prestara hoy declaración como imputada, han informado fuentes jurídicas.

Las mismas fuentes han indicado que el fiscal ha manifestado su intención de solicitar también una fianza civil para la ex directora general de Tecnología y Comunicaciones y cuñada del expresidente Jaume Matas, Encarnación Padilla, petición que no ha formalizado por el momento.

La cuantía de la fianza a Durán para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de los delitos que se encausan en esta pieza separada del caso Palma Arena procede del coste de una campaña de promoción de hábitos saludables que la Conselleria concedió a Over por unos 62.000 euros, así como de dos negociados más con Malla Publicidad y Over Marketing.

La Fiscalía sospecha que la contratación de la campaña de hábitos saludables y los otros dos negociados fueron amañados, y se disimuló la documentación para que pareciera que concurrían otras empresas cuando había un solo aspirante, lo que podría constituir prevaricación, fraude y falsedad documental.

En el caso de la "campaña publicidad exterior sobre mujer y tabaquismo", se adjudicó a Malla por 29.900 euros y para otra similar se invitó a concurrir al negociado a Over Marketing y a otras dos empresas que eran "satélites" de la misma, Traci Comunicación y Link América.

La petición de fianza para Durán es la segunda medida cautelar que solicita el fiscal en esta causa.

La primera fue la prohibición al exconseller de Interior José María Rodríguez de que se comunique con otros implicados, algo que pidió después de que una testigo manifestara que el político del PP la había llamado por teléfono hace unos días, antes de que declarase ante el juez. El juez Castro desestimó la petición por no haberse presentado a tiempo.

Además de Durán, hoy han prestado declaración ante el juez dos testigos, la que fuera jefa de prensa de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en la legislatura 2003-2007 y el jefe del Servicio de Telecomunicaciones de la Dirección General de Tecnología y Comunicación.