El fiscal pide confirmar la pena a dos etarras por la muerte de Máximo Casado

Madrid.- La Fiscalía y la acusación particular han pedido hoy al Tribunal Supremo (TS) que confirme la condena de 28 años de prisión impuesta a los etarras Juan Carlos Subijana y Zigor Bravo por reunir información para asesinar, el 22 de octubre de 2000, al funcionario de prisiones Máximo Casado.

Así lo han reclamado el representante del Ministerio Público y el abogado de la viuda de la víctima ante la Sala de lo Penal del Supremo durante la vista pública para estudiar los recursos de los condenados contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que el pasado mes de marzo les condenó a la citada pena.

El fiscal ha solicitado al Alto Tribunal que desestime los recursos, ya que, según ha dicho, la prueba de cargo que se práctico "es suficiente" y "no se limitó a la autoinculpación de los procesados en sede policial".

"En el domicilio de Subijana se encontraron papeles que recogían información sobre el funcionario de prisiones y en esa información había datos explícitos que sirvieron a ETA para perpetrar el asesinato", ha añadido.

Además, ha indicado que en algunos de los documentos intervenidos figura la expresión "carcelero, plano, claves, garaje, domicilio", manuscrita por el propio etarra.

En su opinión, "ha existido actividad probatoria más que suficiente".

Igualmente, se ha pronunciado el letrado de la acusación particular, quien ha hecho hincapié en que la sentencia de la Audiencia Nacional "es ajustada a Derecho, amplia, concreta y con apoyo jurisprudencial más que suficiente".

Por su parte, el abogado de los condenados ha pedido la absolución de éstos al considerar que no hay pruebas de que Bravo diera información a Subijana sobre el funcionario de prisiones, ni de que ETA hubiese usado esos datos para matar a Máximo Casado, que estaba destinado en el centro penitenciario de Nanclares de la Oca (Álava).

Además, ha argumentado que se desconocen los autores materiales del atentado.

La Audiencia Nacional condenó a Subijana y a Bravo por asesinato y daños terroristas, por los que también fueron condenados a indemnizar a la viuda del funcionario y a su hija con 400.000 euros para cada una.

Este tribunal consideró probado que Subijana , alias "Txanpi" y "Kepa", y Bravo integraban en el año 2000 uno de los denominados "comandos de información" de ETA.

Según la sentencia, fue el segundo el que, aprovechando que el domicilio de sus padres se encontraba en el mismo inmueble que el del fallecido, proporcionó al primero información "precisa sobre las circunstancias personales del funcionario, su dirección, su vehículo y la ubicación de su plaza de garaje".

A su vez, Subijana facilitó toda esa información, así como la llave de acceso al garaje, a la banda terrorista.

Miembros no identificados de la misma, prosigue el tribunal, llevaron a cabo el atentado dentro de su campaña "contra el poder judicial y carceleros".

Para llevarlo a cabo, colocaron un artefacto tipo lapa en los bajos del vehículo de Casado, que explotó alrededor de las 7:45 horas del 22 de octubre de 2000 cuando la víctima intentaba arrancar el coche.