Madrid.- La Fiscalía ha recurrido el archivo de la denuncia contra el dirigente del PP Francisco Álvarez Cascos por afirmar que había "una camarilla policial" que falsificaba papeles y pruebas del "caso Gürtel", y ha pedido al juez que mantenga abiertas las diligencias para investigar un supuesto delito de calumnias.
En el recurso presentado contra el auto del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que el pasado día 6 archivó la querella de la asociación Preminencia del Derecho, el fiscal sostiene que las expresiones del ex ministro de Fomento podrían constituir un delito de calumnias o injurias, ya que "lesionan la dignidad de otra persona".
La Fiscalía rebate así los argumentos que al archivar la denuncia esgrimió el juez Santiago Torres, que consideró que las palabras de Álvarez Cascos fueron "vagas y ambiguas", resaltando que, para que exista un delito de calumnias, "la acusación ha de recaer sobre hechos inequívocos" y "es necesario que esa imputación se haga de modo específico".
En opinión del juez, en las declaraciones objeto de la querella "ni se describen conductas individuales, ni se describen o identifican a las personas integrantes de la camarilla".
Sin embargo, el fiscal Fernando la Fuente afirma en su escrito que para decidir el archivo de la denuncia el juez debería haber contado con la transcripción exacta de las declaraciones que el pasado mes de abril el ex secretario general del PP realizó en una cadena de radio, para determinar si son constitutivas de delito.
En este sentido, explica que la Fiscalía Provincial de Madrid ha realizado una investigación, cuyos resultados aporta al juzgado, tras la que ha concluido que las expresiones denunciadas "se concretan en imputar a una camarilla de policía judicial, no sólo la preconstitución de pruebas en modo genérico, sino la preconstitución de pruebas falsas en perjuicio del denunciado".
En el recurso se recogen las declaraciones exactas del ex secretario general del PP, que afirmó: "Eso ha sido una iniciativa de esa camarilla de la Policía Judicial instalada en Canillas, dedicada a preconstituir pruebas, en mi caso claramente a intentar preconstituir una prueba falsa".
Para el fiscal, estas afirmaciones suponen una imputación "a un núcleo de personas no individualizadas pero fácilmente determinables por referirse a una unidad policial concreta" a la que acusa de construir pruebas falsas, una acusación que -añade- tiene "caracteres de falsedad" o fue "efectuada con temerario desprecio a la verdad".
Por ello, el fiscal se opone al archivo de la investigación y recuerda que, aunque existen denuncias de diversas asociaciones policiales, incluso si el juez entiende que no están legitimadas para denunciar por no ser los calumniados o injuriados directos, "se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente".
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