San Salvador, 10 ago.- El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido gobernante en El Salvador, abogó hoy porque el proceso contra 20 militares por la matanza de seis jesuitas en 1989 se resuelva "con apego estricto al Derecho" y pidió no echar "leña al fuego" con este caso.
En un comunicado publicado en el diario La Prensa Gráfica, el partido rechazó además que el proceso se utilice para "amenazar la estabilidad política del país".
El secretario general del FMLN, Medardo González, pidió en una entrevista a un canal local de televisión este martes a "grupos de interés y partidos políticos" que se sitúen al margen del asunto y no echen "leña al fuego".
Nueve de los 20 militares procesados por la Audiencia Nacional de España se encuentran desde el domingo en una unidad castrense de San Salvador, a la que se entregaron ante la inminencia de que se cumpliera la orden de captura solicitada por el juez español de ese tribunal Eloy Velasco.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe resolver sobre la situación de los nueve militares, cuya situación ha reavivado el debate jurídico y político respecto al caso en El Salvador.
En el citado comunicado, el FMLN declara estar "comprometido con la verdad, el respeto a los derechos humanos, (y) la aplicación de la justicia que incluye el resarcimiento moral de las víctimas como elementos" conducentes "al logro del gran objetivo de la reconciliación nacional, establecido en los Acuerdos de Paz", que fueron firmados en 1992 tras una guerra civil de 12 años.
Al ser el proceso contra los militares "un tema de interés nacional, en el que debe prevalecer la prudencia y la responsabilidad política por respeto a las víctimas, creemos que es inconveniente que sea asumido con propósitos grupales, partidarios o electorales", agrega la nota del partido gobernante.
Además, el FMLN expresa su "confianza en que la institucionalidad del país funcione y rechazamos enérgicamente el uso que individuos o grupos minoritarios pretenden hacer con este caso para amenazar la estabilidad política del país".
El canciller salvadoreño, Hugo Martínez, aclaró el martes que España no ha solicitado la extradición de los militares y explicó que, si la pide, la resolución le compete a la Corte Suprema del país.
Por ahora, solo se ha confirmado que la orden de captura española está en manos de la Policía, dijo a los periodistas el juez Carlos Calderón, del Juzgado Decimosegundo de Paz de San Salvador, a cuya disposición el Ministerio de Defensa puso el lunes a los nueve militares detenidos.
Calderón se limitó a inspeccionar las condiciones de reclusión de los militares, a notificarles los cargos que les imputa la Audiencia Nacional española, y a trasladar el caso al Supremo.
El juez Velasco emitió el 30 de mayo una orden de captura de los militares salvadoreños involucrados en la matanza, ocurrida el 16 noviembre de 1989.
En esa fecha, miembros del Batallón Atlacatl, del Ejército salvadoreño, irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes e Ignacio Martín-Baró.
También asesinaron a los sacerdotes españoles Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López, así como a la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos, y a su hija Celina, de 16 años.
La matanza sucedió en la época del conflicto armado (1980-1992) en El Salvador, que dejó alrededor de 75.000 muertos.
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