El futuro político de Camps, pendiente de la decisión del TS sobre la Gürtel

  • Madrid.- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se juega su futuro político en el Tribunal Supremo el próximo miércoles, ya que la reapertura de la causa sobre su presunta relación con la "trama Gürtel" podría condicionar su permanencia en el cargo.

El futuro político de Camps, pendiente de la decisión del TS sobre la Gürtel
El futuro político de Camps, pendiente de la decisión del TS sobre la Gürtel

Madrid.- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se juega su futuro político en el Tribunal Supremo el próximo miércoles, ya que la reapertura de la causa sobre su presunta relación con la "trama Gürtel" podría condicionar su permanencia en el cargo.

Ésta es una hipótesis muy extendida en la sede nacional del PP, han manifestado a EFE fuentes del partido pocos días antes de que la sala de lo penal del Supremo decida si el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) debe volver a investigar a Camps por haber recibido varios trajes de la red dirigida por Francisco Correa, tal y como piden la Fiscalía y los socialistas valencianos.

Sin embargo, las palabras pronunciadas el pasado jueves por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que aseguraba que Camps será el candidato a la presidencia de la Generalitat en 2011 sea cual sea la decisión de la Justicia, han añadido incertidumbre a una estrategia que parecía ultimada y han dejado en punto muerto algunas de las decisiones que se habían adoptado, o cuando menos, meditado.

Éstas se resumen en que si el Supremo ordena reabrir la causa contra Camps peligraría su continuidad como presidente y líder del partido en la Comunidad y, por extensión, su candidatura; mientras que si confirma el archivo decretado por el TSJCV el pasado mes de agosto su liderazgo resultaría reforzado y su camino hacia la reelección libre de obstáculos internos.

Pese a las últimas declaraciones de Rajoy, fuentes del PP sostienen que el plan ya está diseñado y que no se alterará, máxime cuando la reapertura de la investigación supondría de por sí "un argumento más que suficiente para comenzar el debate de la sucesión" de Camps, proceso que, no obstante, el partido controlaría "despacio" y con cuidado para evitar tensiones internas.

También coinciden en que "se crearía una presión mediática muy fuerte" contra el presidente valenciano, lo que complicaría aún más que "aguante el tipo", sobre todo cuando su entorno familiar está ya muy tocado por lo vivido en los últimos meses.

El desenlace adecuado para el PP, en ese caso, sería que presentase la dimisión.

Si esta posibilidad toma cuerpo, la favorita de Génova para asumir el liderazgo del partido es la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que reúne dos requisitos elementales: tiene carisma y es muy popular entre los ciudadanos.

La otra hipótesis, la de que Camps siga al frente de la Generalitat y del partido, es obviamente la más apetecida, pero aún así algunos dirigentes esperarán del presidente valenciano un impulso a la gestión política impuesta tras el estallido del "caso Gürtel", muy criticada en algunos sectores del partido.

Una de las fuentes consultadas achaca el "bajón" político y personal de Camps a su propia trayectoria pública, pues nunca había tenido que enfrentarse a "dificultades importantes". El caso Gürtel ha sido la primera y "no ha sabido reaccionar", asegura este dirigente.

Todas estas incógnitas se despejarán a partir del miércoles, cuando el Supremo examine los recursos contra el auto en el que el TSJCV archivó la causa abierta a Camps y a otros miembros de su Gobierno y del PP valenciano al estimar que no había relación entre los "agasajos" que recibieron de la "trama Gürtel" y la adjudicación de contratos a empresas de la red.

Ese auto -firmado entre otros por el presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, a quien Camps llamó "más que amigo"- contó con el voto particular del magistrado Juan Montero, que cuestionó la interpretación dada al artículo 426 del Código Penal, referido al delito de cohecho impropio, y dijo no estar "convencido" de que los hechos no constituyeran delito.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe consideran muy probable que el Supremo respalde ahora la tesis de Montero, ya que la conducta atribuida a Camps parece ajustarse al texto de ese artículo, que habla de "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente".

La Fiscalía y el PSPV-PSOE emplean ese mismo argumento en sus recursos, en los que sostienen además que el archivo de la causa fue prematuro, ya que la fase de investigación seguía abierta en ese momento.

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