Los cambios en la movilidad en las ciudades que se reclaman desde distintos sectores desde hace años empiezan a tener respuesta de la administración central. El Gobierno ya está preparando un plan para que la bicicleta se consolide como medio de transporte en los núcleos de los grandes entornos urbanos, pero buscando que se garantice la seguridad de quienes la utilicen. Para esta iniciativa se aprovechará la situación de desescalada de la pandemia de coronavirus, ya que las bicis son una de las maneras de mantener la distancia interpersonal y contribuirían a rebajar los niveles de polución. Y que se complementará con una mayor vigilancia sobre los conductores de coches, que se vislumbra con algunas propuestas registradas por el PSOE en el Congreso al respecto.
El Ejecutivo ha anunciado su intención de reformular el modelo de movilidad nacional en una respuesta parlamentaria al diputado de Vox Ricardo Chamorro Delmo, que se interesó por los planes para fomentar el uso de la bicicleta como principal medio de transporte tras el confinamiento por la Covid-19 por esa ventaja de que permite mantener la distancia entre personas. Según la contestación, la coalición de PSOE y Unidas Podemos ya está considerando "avanzar hacia un nuevo paradigma de movilidad que permita una desescalada de la crisis reduciendo congestión, contaminación, emisiones de gases de efecto invernadero y ruido".
Para ello, anuncian que se basarán en las ideas que surgen de la Estrategia Estatal de la Bicicleta, un conjunto de medidas elaborado por la DGT para el periodo 2020-2025 que indica cómo debe ser ese cambio de modelo. Entre las pautas que establece el documento están la promoción y el fomento de las bicis a través de programas para invitar a usarla para ir al trabajo o como recurso para hacer deporte o una regulación homogénea que proteja al ciclista tanto en las vías como en el ámbito jurídico. El texto elaborado por el departamento que dirige Pere Navarro también recomienda desarrollar las infraestructuras para que tengan cabida y puedan acudir a todos lados en sus dos ruedas y el impulso al turismo en el que sea imprescindible emplear una para disfrutar de la experiencia.
"El objetivo de las medidas en estudio es el de fomentar la bicicleta como alternativa al transporte público, con el objetivo de descongestionarlo, permitiendo a sus usuarios guardar las distancias de seguridad y evitando, a la vez, un uso masivo de automóviles particulares que no resulta sostenible", añade el Gobierno en la respuesta parlamentaria. Unos planteamientos que coinciden con los de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que en su último dossier ya recomendó que todo el país peatonalizara vías y se pusiera en 'modo bici' para declarar la 'guerra' a los coches una vez empezara la nueva normalidad de la crisis sanitaria. Entre las medidas que propusieron estaban las de reformar carrilles para peatonalizarlos o destinarlos a bicicletas, además de reducir la velocidad máxima en las vías urbanas para integrar otros vehículos como los patinetes.
Las empresas también tendrán que jugar un rol en esa reorientación hacia el transporte no contaminante e individual. Como recoge la Estrategia Estatal de la Bicicleta, que estas cojan vuelo solo es posible si se desarrolla una iniciativa empresarial sobre la misma, que implican el desarrollo de la fabricación y el comercio de bicis. Las directrices del plan hablan de "desarrollar el tejido empresarial con nuevas empresas especializadas" para una actividad que estaría "totalmente adaptada al mundo digital". La ciclologística sería uno de los resultados más claros, al servir para repartos de mercancías a través de microplataformas logísticas urbanas. Pero esto solo puede llevarse a cabo si existe apoyo de las Administraciones Públicas, resalta la DGT, que tendría que respaldar con ayudas o préstamos a quienes se lanzaran a este sector.
El PSOE, contra la alcoholemia al volante
A la vez que el Gobierno central estudia fórmulas como las anteriores, el principal partido del Ejecutivo se mueve en el Congreso para estrechar el cerco sobre los conductores imprudentes. Y que, en muchas ocasiones, son los que pueden poner en más peligro a los que vayan en bicicleta. Para ello, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una Proposición No de Ley en la que reclama que se produzca una reducción de las tasas máximas de alcohol en sangre permitidas en la conducción. Según su texto, es necesario endurecer esta regulación porque en 2018 aún había un 26,5% de conductores fallecidos que dieron positivo por haber consumido alcohol en exceso. Además, destacan que España no cumple con los límites que recomienda la OMS para los conductores noveles, que sitúa la tasa límite en el 0,2 frente al 0,3 español.
Por todo lo anterior, instan al Ejecutivo del que forma parte su partido a que se sea mucho más severo y se produzca una reducción de la tasa máxima a quienes conduzcan transporte escolar, de mercancías o de viajeros al 0,2, dejando atrás el 0,3 permitido hasta el momento. Lo mismo se establecería para los que disfrutan de sus dos primeros años de carné. De la propuesta quedan fuera el resto de conductores, cuyo máximo se sitúa en el 0,25.
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