El Gobierno acelera la negociación de las pensiones enviando su propuesta al CES

    • El Gobierno fuerza así un dictamen consensuado por patronal y sindicatos y lamina la negociación bilateral del Ministerio de Empleo con unos y otros.
    • El objetivo es acelerar el proceso para aprobar la reforma antes del 31 de diciembre.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una reunión con los agentes sociales.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una reunión con los agentes sociales.
B.P.V.

El Gobierno remitirá en el transcurso de este viernes su propuesta de reforma de las pensiones al Consejo Económico y Social (CES), en una decisión que tiene mucho de estratégico y que se ha adoptado en la reunión de este viernes del Consejo de Ministros.

De este modo, Empleo fuerza un dictamen consensuado por empresarios y sindicatos y diluye el canal de negociación directo con unos y otros (el llamado diálogo social), que tradicionalmente ha sustentando (y ralentizado, todo hay que decirlo) los acuerdos para las reformas del ámbito laboral y social.

El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo en el que están representados organizaciones empresariales, sindicatos y otros colectivos sociales, cuyo dictamen es preceptivo para las leyes que modifican el entorno legislativo laboral, económico o social.

El Ejecutivo ha hecho coincidir la apertura del cauce de negociación con los agentes sociales, concretado en sendas reuniones del secretario de Estado de Seguridad Social con representantes de CEOE y de UGT y CCOO, con el envío del texto al CES, algo que no ha gustado a los sindicatos.

El sindicato CCOO se quejaba este viernes del método express de tramitación elegido por el Gobierno "haciendo coincidir, en primera instancia, las conversaciones con los interlocutores sociales y la petición de dictamen al CES; y, en segundo término, con la eventual tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

Un juego a cuatro bandas en el que los sindicatos sospechan que su capacidad de influencia y negociación va a quedar significativamente laminada, tanto por la necesidad de emitir un dictamen consensuado con empresarios y organizaciones sociales como por el trámite parlamentario.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, dijo tras la reunión del Consejo de Ministros que el objetivo del Gobierno es que la reforma sea aprobada antes del 31 de diciembre."No habrá más congelación de pensiones"

Lo que el Gobierno ha enviado al CES es lo que ya se conoce. Un nuevo sistema de actualización anual de las pensiones que se desengancha del IPC y se vincula a otros criterios como la situación (déficit o superávit) de las arcas de la Seguridad Social o el flujo de ingresos del sistema.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, volvió a justificar la reforma por las distorsiones que la vinculación estricta de la actualización de las pensiones a la evolución de los precios ha generado al sistema, en términos de sostenibilidad financiera.

Y lo cierto es que desde que en 1997 entrara en vigor ese sistema de actualización de las pensiones el sobrecoste para las arcas públicas de la desviación del IPC respecto del referente del 2% ha superado los 20.000 millones de euros.

También subrayó el mensaje que el Gobierno ha escogido como eslogan de la reforma para repetirlo una y otra vez hasta que se grave a fuego en la opinión pública: "Con la reforma del Gobierno no se podrán congelar nunca más las pensiones".

Es cierto. El esquema planteado por el Ministerio de Empleo establece que, por muy mal que esté la situación, las pensiones públicas tendrán que subir como mínimo un 0,25%.

Si esto constituye o no una congelación de facto de las pensiones es una cuestión de matiz. Si cogemos la pensión media del sistema una subida de este porte apenas supondría un par de euros más en la nómina mensual.

El modelo gubernamental también establece que cuando las cosas marchen bien las pensiones podrán subir hasta un máximo equivalente al dato anual de IPC más ese 0,25%.

Lo que hace la reforma en realidad es establecer un suelo y un techo para la subida de las pensiones donde ahora no existía: las pensiones tenían que subir sí o sí lo que lo hacía el IPC, independientemente de ningún otro factor.

Para los sindicatos, al final lo que hará el nuevo esquema es hacer depender la subida de las pensiones de una decisión gubernamental, cuando antes la única decisión que el Gobierno podía tomar es suspender la aplicación de la ley para que las pensiones no subieran con la inflación.

CCOO ha hecho una estimación económica de lo que ello puede suponer y ha concluído que se traducirá en una pérdida de poder adquisitivo de entre el 15% y el 28% en los próximos quince años, a menos que se complemente con medidas para mejorar los ingresos del sistema de Seguridad Social.

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