El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto Ley sobre la estiba, que "mejora" , según ha asegurado la portavoz del Gobierno, el decreto anterior aprobado por el ejecutivo de Marinao Rajoy en 2017 que liberalizaba este sector. El principal objetivo de esta actualización es "conjugar los principios de libertad de contratación con los derechos de los trabajadores", ha asegurado.
Esta norma incluye, entre otras medidas, una línea de ayudas públicas de unos 120 millones de euros para sufragar las prejubilaciones y bajas voluntarias que se registren en la plantilla de unos 6.150 estibadores que actualmente tienen los puertos como consecuencia de la reestructuración del sector.
En concreto, facilitarán la salida del sector de los estibadores de más edad, a los que les quede como máximo les queden sesenta meses (cinco años) para llegar a la "edad ordinaria" de jubilación, con el fin de "contribuir a la necesaria reestructuración del sector de la estiba".
Además de desbloquear las ayudas comprometidas entonces por el Gobierno, el Real Decreto Ley aprobado ahora garantiza la subrogación del colectivo de estibadores ante la desaparición de las sociedades de gestión de trabajadores portuarios (sagep), las que tenían el control de este colectivo hasta la reforma. Con esto, el ejecutivo pretende garantizar "los derechos laborales básicos de los trabajadores y facilitar la estabilidad en el empleo.
Asimismo, la actualización del decreto establece las especificidades de los centros portuarios de empleo para permitir que las empresas de trabajo temporal puedan dar servicio en los centros portuarios de empleo. Por último, se permitirá el uso del contrato de aprendizaje para la formación de estibadores, para "permitir la entrada en la profesión de los alumnos que estén cursando el certificado de profesionalidad" de la profesión de estibador, ha señalado la ministra.
La portavoz del ejecutivo, Isabel Celaá, ha asegurado que, tras "la experiencia" acumulada durante estos dos años, era necesaria una actualización del marco jurídico para "completar y fortalecer" la ley. Celaá ha asegurado que "no se trata de contravenir el decreto anterior, si no de complementar algunos aspectos de la ley que habían quedado sin desarrollar".
Esta modificación del decreto del Partido Popular, que no contó en su momento con el apoyo del PSOE, respeta "los principios de la normativa Europea", la causante de los cambios en la legislación de este sector.
Celaá asegura que, para la elaboración del nuevo Decreto Ley, se ha llevado a cabo una labor "muy intensa de diálogo", tanto con el sector de los estibadores como con la Comisión Europea, "para despejar cualquier duda acerca del mantenimiento del marco de libertad de contratación" que existe a nivel comunitario.
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